En poco más de diez años el negocio de los biocarburantes en España ha pasado de ser un negocio seguro a una industria en declive. Muchas de las grandes empresas españolas apostaron hace años por este sector, como Cespa, Abengoa o Acciona, y ahora se enfrentan al cierre de algunas de sus plantas o se ven abocadas a mantenerlas con una actividad que está bajo mínimos.

En 2012, la producción de biodiésel (que se mezcla con gasóleo), no llegó al 10% de lo que podían generar las 48 fábricas existentes, mientras que la de bioetanol (que se mezcla con gasolina) se quedó en el 65% de lo que podrían fablicar las 5 instalaciones actuales.

Desde principios de esta década las subvenciones y las ventajas fiscales provocaron la construcción continuada de nuevas plantas de biocarburantes en nuestro país, alentadas además por la idea de que la Unión Europea pretendía cubrir un 10% de la energía consumida por el transporte con fuentes renovables en 2020. Sin embargo, en 2008 se produjo un incremento histórico del precio de los cerales, motivado entre otros factores por el desvío de cultivos alimentarios a la fabricación de bioetanol, lo que puso a los países más pobres en una situación muy delicada.

Desde aquel momento, el sector se ha visto seriamente afectado por la polémica y la controversia que genera la competencia con los cultivos alimentarios y se han generado críticas y suspicacias sobre la pequeña reducción de emisiones que consiguen los biocombustibles.

Aún con todo, el mayor problema con el que se encuentran en la actualizad las plantas españolas se debe a las importaciones que llegan de Argentina e Indonesia, que cubren el 76% del biodiésel que se consumen en España. Las empresas del sector acusan a estos países de cargar con más impuestos a la materia prima que necesitan las fábricas españolas (aceite de palma y de soja), que al biocombustible ya generado que ellos exportan.

La patronal exige al Gobierno que asigne cuotas de producción a las plantas españolas, pero el acuerdo está lejos de ser formalizado. Ahora, además, las empresas deben sobrevivir sin las subvenciones de las que han disfrutado en los últimos diez años y deben enfrentarse a las medidas que ya ha tomado el Gobierno y la Unión Europea y que incluyen la rebaja en el objetivo de mezcla de biocarburantes para reducir el precio de los combustibles.

El Parlamento Europeo, que tomará decisiones en septiembre, propone limitar los biocombustibles al 5% cuando se generen a partir de cultivos que se hayan plantado específicamente para ello y que el otro 5% se cubra con biocombustibles obtenidos a partir de los desechos de plantas o algas.