La empresa CETRANSA pretende ampliar el vertedero en una cuarta parte de su superficie, ampliación cuyas obras ha realizado ilegalmente tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Casi un año después de la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de junio de 2013 por la que se declararon inconstitucionales la planta y el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), el BOCyL de hoy publica la Resolución de Inicio del procedimiento de legalización como Proyecto Regional de estas instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos peligrosos, a solicitud de la empresa CETRANSA.

En todos estos meses, la empresa ha continuado recibiendo y enterrando residuos con completa impunidad, y ha ejecutado parcialmente unas obras de ampliación del vertedero en una cuarta parte de su superficie para las que no tenía licencia alguna, obras dirigidas a prolongar la vida útil de la instalación, que fueron denunciadas por las organizaciones de la Coordinadora Anti-Vertedero de Valladolid en septiembre y octubre de 2013 ante el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga y la Junta de Castilla y León.

Como consecuencia de estas denuncias, y tras la renuncia del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga a ejercer sus competencias urbanísticas, con fecha 17 de febrero de 2014 la Junta de Castilla y León abrió un expediente sancionador a CETRANSA por una infracción muy grave de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, sancionada con una multa de 300.001 a 3.000.000 de euros, habiéndose paralizado las obras. Dicho expediente sancionador sigue su curso.

Con el inicio de la tramitación del Proyecto Regional, se pretenden legalizar las instalaciones existentes y también esta nueva ampliación del vertedero, realizada ilegalmente por CETRANSA tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

No obstante, a pesar de haber sido anulada la Declaración de Impacto Ambiental original de la planta y el vertedero por sentencia de 2001 del Tribunal Supremo, sorpresivamente la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid ha eximido al proyecto de evaluación de impacto ambiental porque "se trata de legalizar instalaciones existentes, que ya contaban con sus correspondientes autorizaciones, sin que se proyecte la ejecución de nuevas construcciones ni cambios en las actividades desarrolladas". También se está omitiendo la preceptiva autorización ambiental del vertedero, y en todo caso de su ampliación.

En opinión de la Coordinadora Anti-Vertedero de Valladolid, es inadmisible que la Junta de Castilla y León pretenda legalizar la ampliación de un vertedero de residuos tóxicos saltándose las preceptivas evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental. Por otro lado, la Coordinadora recuerda que los terrenos ocupados por el vertedero están tutelados como suelo rústico con protección natural, como reconoce la documentación del propio Proyecto Regional, e insisten en la necesidad de clausurar las instalaciones para dar cumplimiento a las sentencias judiciales y preservar la salud pública y el medio ambiente.

La planta y el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) iniciaron su funcionamiento hace 21 años, en junio de 1993, y desde sus inicios han acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, el vertido y la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero e incluso un incendio. Actualmente almacena unas 800.000 toneladas de residuos peligrosos, en su tercera parte procedentes de fuera de Castilla y León.

La Coordinadora Anti-Vertedero de Valladolid está integrada por Ecologistas en Acción, Facua-Consumidores en Acción, Federación de Asociaciones Vecinales e Izquierda Unida.