La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, y los nueve sistemas colectivos de gestión de RAEE residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (ECOTIC, ECOLEC, AMBILAMP, ECOLUM, ERP, ECO-RAAE’S, ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA y TRAGAMOVIL) han firmado un convenio marco con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa vigente sobre RAEE. Para ello, se establecen una serie de compromisos para mejorar los objetivos legales de recogida selectiva, reutilización, reciclado y valorización y para promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva realizando las operaciones de traslado de forma que pueda lograrse la mejor descontaminación, reutilización y reciclado.

Con la rúbrica de este documento se persigue un doble objetivo, ambiental y económico. Por un lado, la mejora de estos servicios reducirá la contaminación que estos aparatos generan tras su vida útil. Por otro, estos propósitos implican un aumento de la actividad económica del sector, que convenio emplea en Andalucía a 23.000 personas y factura en torno a los 2.200 millones de euros. 

Según los últimos datos, la Comunidad autónoma está la cabeza en número de empresas medioambientales con 9.560 entidades. Además, este subsector registró en la región un aumento de contratación del 7,9%. Según la consejera del ramo, María Jesús Serrano, “vemos, por tanto, que la economía verde no sólo resiste los envites de la crisis, sino que gana terreno, lo que nos debe animar a apostar por este sector”.

Asimismo, en el acuerdo se definen medidas para la financiación de los costes adicionales soportados por los gobiernos locales de la recogida selectiva de los RAEE por parte de los sistemas colectivos, que será sufragada íntegramente por estos y se establecen los mecanismos para que garanticen el tratamiento correcto de los elementos peligrosos, el reciclado y valorización de los RAEE, de acuerdo con la normativa aplicable. Este acuerdo, firmado como un convenio marco, queda abierto a la adhesión de las administraciones locales, que además podrán suscribir los acuerdos particulares con los sistemas de gestión que consideren. 

Por otro lado, y según ha informado Serrano, se realizarán campañas de concienciación social tendentes a sensibilizar a la población con vistas a facilitar el logro de los objetivos medioambientales. También, a fin de evitar actividades no deseadas en relación a este tipo de residuos, se elaborará un Plan de Actuación conjunta de las administraciones y los sistemas firmantes de lucha contra el fraude, que se incluirá en los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales. 

El Reglamento de Residuos de Andalucía establece la obligatoriedad de celebrar convenios de colaboración para garantizar la participación en la consecución de los objetivos establecidos de todos los operadores económicos y las autoridades públicas competentes. En la Comunidad autónoma se han puesto en el mercado en 2013 un total de 75.364 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, de las que un 85% se refieren a aparatos comercializados en el ámbito doméstico. La cantidad de residuos asociados procedentes de hogares particulares recogidos en la región durante ese año (17.046 toneladas) supone 2 kg./ habitante y año, frente al objetivo de 4 kg/habitante y año establecido  por la Unión Europea para España.

Además,  debe tenerse en cuenta, que a partir de 2015 este objetivo se medirá en relación a la cantidad de aparatos puestos en el mercado mediante el llamado índice de recogida, que deberá ser, como mínimo del 45%. El índice de recogida correspondiente al año 2013 es ligeramente inferior al establecido para 2015, concretamente del 42%.