Activistas de United Kingdom Without Incineration Network (UKWIN) se han manifestado contra la construcción de instalaciones de incineración, afirmando que suponen un perjuicio para el Reino Unido a la hora de aumentar su capacidad de reciclaje, así como su contribución a la liberación de gases de efecto invernadero y la gran cantidad de emisiones tóxicas y cenizas peligrosas emitidas.

La incineración de residuos puede reducir el volumen de estos hasta en un 90% pero la polución liberada puede ser altamente contaminante al estar formada por dioxinas formadas por la quema de productos químicos que contienen cloro.

Un informe de Friends of Earth estima que el año pasado el Reino Unido estaba perdiendo 650 millones de libras (746 millones de euros) y generando 19 millones de toneladas de dióxido de carbono evitables cada año mediante el envío de residuos que podrían ser reciclados, generalmente textiles y plásticos, a vertederos o incineradoras.

A pesar de este panorama, el gobierno tiene previsto aumentar el número de plantas de incineración con la idea de aprovechar el calor liberado en la combustión para generar electricidad (energía procedente de residuos).

UKWIN dice que el Reino Unido debe esforzarse por lograr una economía sostenible de "cero residuos" que no se base simplemente en aumentar la capacidad de incineración y también llamó a poner fin a los incentivos a las empresas incineradoras. Según palabras de Tim Hill, presidente de UKWIN, "Tenemos que evitar el exceso de provisión de capacidad de incineración, tanto a nivel regional y nacional por razones sociales, económicas y ambientales. No necesitamos ninguna planta de incineración nueva para lograr una economía de residuos cero. La construcción de nuevos incineradores sería contraproducente."

"La evidencia muestra que la incineración no tiene cabida en una economía de residuos cero. La forma de pensar actual de "verter o quemar" menoscaba la sostenibilidad estatal y es fundamentalmente hostil para el medio ambiente"

UKWIN pidió la introducción de un impuesto sobre la incineración a partir de un mínimo de 46 € por tonelada para asegurar el reciclaje, el compostaje y la digestión anaerobia alternativas, así como ventajas fiscales para las ONG, grupos comunitarios y empresas sociales que trabajen a favor de la reducción de residuos.

El grupo de campaña dijo también que la incineración no es una alternativa a los vertederos y que sólo una pequeña fracción de los residuos son no reciclables.

Artículo de Tom Levitt