Hace unos días el Parlamento Europeo dio luz verde a la revisión de la Directiva 2002/96/CE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que busca poner fin a las irregularidades que en los últimos años venían dándose en la gestión de esta clase de residuos en varios países de Europa. España, uno de los más afectados, calcula pérdidas millonarias en el sector debido a los robos de RAEE y saqueos en los puntos limpios y plantas de tratamiento. Los Estados miembros cuentan con un año y medio para la trasposición nacional de la nueva legislación y aplicación de la misma.

Entre las novedades y nuevos retos de la Directiva encontramos la exigencia para 2016 de la recogida de 45 toneladas de RAEE por cada 100 toneladas de aparatos puestos en el mercado nacional. Este porcentaje deberá aumentarse para 2019 hasta el 65% de los RAEE introducidos en el mercado o el 85% de los RAEE generados en el país.

Actualmente, según estimaciones de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), sólo el 30% de los RAEE producidos en España son correctamente tratados. Debido a esta situación, administraciones, fabricantes y gestores de residuos están colaborando en la solución de todos estos problemas, que sólo será posible con la coordinación de esfuerzos, incluida la colaboración de las empresas de distribución.

Además, el sector de residuos peligrosos estima que el 30% de los aparatos eléctricos y electrónicos son exportados a terceros países de forma ilegal, lo que supone una pérdida de materias primas muy valiosas para los países de la Unión Europea. Otro 40% recibe tratamientos no autorizados, reduciendo las posibilidades de creación y mantenimiento de empleo en las instalaciones autorizadas debido a esta falta de residuos para gestionar.

En el caso de Madrid, según estimaciones de ASEGRE el 80% de los RAEE que son desechados por los ciudadanos en los puntos limpios del municipio de Madrid no llegan a las plantas de tratamiento autorizadas, por los robos en estos puntos de recogida por parte de mafias organizadas.

ASEGRE celebra la aprobación de esta Directiva, que supondrá una aplicación más rigurosa de la ley y el tratamiento de los residuos en instalaciones autorizadas. Por su parte, las plantas de gestión deberán garantizar la aplicación de la mejor técnica disponible para el tratamiento de RAEE y así evitar peligros para la salud y el medio ambiente.

Con el fin de solucionar y mejorar esta situación, la nueva normativa introduce varios cambios en la legislación. Por un lado, más facilidades administrativas para los fabricantes, con menos requisitos de registro e información sobre la tasa de reciclado en las facturas. Además de hacerles responsables de los residuos generados por sus productos y de la forma en la que son tratados, pudiendo hacerlo de forma individual o a través de sistemas integrados de gestión (SIG).

Los ciudadanos también tendrán mayores facilidades para el reciclaje. Como novedad, los aparatos eléctricos y electrónicos que no superen los 25 cm de tamaño (los móviles, por ejemplo) podrán ser depositados de forma gratuita en establecimientos de más de 400 m2 sin necesidad de comprar un aparato de similares características.

También se dispondrán mayor número de puntos limpios, en función de la densidad de población, y los fabricantes podrán designar agentes de recogida por hogar si así lo desean para fomentar el reciclado de grandes electrodomésticos.

Con estas nuevas directrices, desde Europa se pretende elaborar una normativa mínima relativa al tratamiento de RAEE que evite la disparidad legislativa existente entre los países de la Unión, situación que hasta ahora sólo reduce la eficacia de las políticas de reciclado y pérdidas de los residuos valiosos.

ASEGRE es la Asociación de Empresas gestoras de Residuos y Recursos Especiales. Fue fundada en 1992 con el objetivo de defender los derechos de las empresas autorizadas para el tratamiento de residuos especiales. Actualmente cuenta con 70 compañías asociadas que representan el 75% del volumen de este negocio en nuestro país y da empleo a cerca de 3.000 personas.