La resolución de «suspensión de actividad, sellado y restauración ambiental del vertedero de residuos sólidos urbanos situado en el paraje de La Solana en la Sierra de Abanilla» que firma la directora general de Medio Ambiente, Teresa María Navarro, ratifica dos informes del Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental del 7 de julio y 9 de septiembre. Estos documentos se elaboraron tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción en noviembre del año pasado contra Proambiente por «la creación de un vertedero de residuos, roturación, desmonte, cambio de uso forestal sin autorización y eliminación de cubierta vegetal y especies protegidas de 37 hectáreas de la Sierra de Abanilla».

La denuncia ecologista llegó a la vía judicial gracias al Seprona de la Guardia Civil, lo que acabaría desencadenando la primera y segunda fase de la 'Operación Subterráneo'. Fue en abril de 2011 y se cerró con la detención de cinco personas como supuestos responsables de la gestión de un vertedero ilegal de 4.000 metros cuadrados en la finca Los Corrales de Abanilla; entre ellos el exedil del PP en Albatera Javier Bru.

En la segunda fase -el pasado 6 de julio- Ángel Fenoll era detenido por la Guardia Civil como administrador de Proambiente, acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Para entonces, el Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental ya había iniciado una investigación propia con siete prospecciones en el paraje de La Solana, realizadas los días 25 de enero y del 10 al 17 de mayo de 2011.

Los resultados de las visitas de los técnicos informaban del vertido «ilegal» de un total de 93.600 toneladas métricas de residuos sólidos urbanos sin tratamiento en el vaso número 5, para el que Proambiente no contaba con permiso. De hecho, en abril de este año había presentado ante la Dirección General de Planificación, Evaluación y Calidad Ambiental un proyecto de ampliación de la planta para habilitar un nuevo vaso argumentando que «el vaso 5 se precisa ineludiblemente como continuación de la actividad, a modo de ampliación del resto de vertederos asociados a la planta que están llegando al final de su vida útil». Sin esperar a la resolución, la empresa habilitó el nuevo vaso «sin declaración de impacto ambiental y sin autorización ambiental».

Entre otras incidencias medioambientales, Proambiente también ha mantenido clandestinamente la actividad de los vasos 1 y 2, donde un trabajador murió en 2005 aplastado por toneladas de basura que posteriormente ardió y provocó una alarma medioambiental en Abanilla. Oficialmente, estos vasos figuraban como «inactivos» desde el 2 de abril de 2009, después de que Proambiente presentase un «proyecto de clausura». Al parecer los vasos 1 y 2 estaban sellados, pero «la coronación del vaso sellado» se ha reutilizado de forma ilegal para depositar 13.500 toneladas métricas de basura. Medio Ambiente también constata que sobre el vaso inicial -que en teoría debería estar sellado desde 2003- se habían depositado 10.800 toneladas de basura «sobre la capa impermeabilizadora pudiendo causar inestabilidad del conjunto del vertedero».

Las irregularidades del vertedero también llegan al Ayuntamiento de Abanilla. Según el informe de la Comunidad, el movimiento de tierra que realizó Proambiente en el vaso número 5 estaba «sometido a Evaluación Ambiental del Proyecto y Autorización Ambiental Integrada, de las que carece; y a la ampliación de la actual Licencia de Actividad, no siendo correcta la emisión de una licencia de obra menor por parte del Ayuntamiento de Abanilla para su desarrollo, máxime cuando el uso final de la zona excavada es la instalación de un nuevo vaso de vertido».

Sumado a todo lo anterior, la empresa de Fenoll también excede el volumen que presenta el vaso 3, el único legal pero que incumple la declaración de impacto ambiental por ocupar 39.000 metros cuadrados de superficie frente a los 17.603 metros que tenía concedidos legalmente.

A pesar de que la Comunidad señala en su informe del 6 de octubre que «la mercantil no podrá realizar actividad alguna de vertido y eliminación de residuos». De no cumplir con la resolución de cese, suspensión o medidas cautelares indicadas, "la infracción administrativa sería muy grave y sancionable con multa desde 100.001 hasta 1.000.000 euros". Desde la recepción del requerimiento Proambiente dispone de tres meses para elaborar un proyecto de sellado y restauración ambiental que «incluya los costes de mantenimiento y vigilancia del vertedero una vez clausurado por 30 años»