En un país donde los hogares producen 21.000 millones de kilos de basura en un año, según Eurostat, un municipio mallorquín ha centrado la atención de un grupo de investigadores. El Ayuntamiento de Esporles implantó una tasa de residuos para las viviendas que aumenta conforme se generan más desechos no reciclados. 

La medida, unida a la recogida puerta a puerta de las bolsas, ha provocado que en este pueblo se pase de separar en las casas el 23,6% de los desperdicios al 76,1%, según las cifras del Consistorio. "Es un ejemplo de cómo introducir explícitamente en la sociedad el principio de que 'quien contamina, paga", subraya Sergio Sastre, coautor de un estudio que ha analizado el impuesto de basuras en 125 municipios de España (entre ellos, todas las capitales de provincia) y que ha concluido que el 44% de ellos ha optado por la vía más simple: fijar la misma tarifa para todos los ciudadanos.

"Esto implica que los domicilios que generan menos desechos o reciclan más están subvencionando a los que producen más o reciclan menos", subraya el informe, elaborado por Sastre e Ignasi Puig, investigadores de la Fundació ENT. El documento, publicado en la revista Crónica Tributaria del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, detalla cómo la gran parte de los municipios del país optan por establecer una tarifa plana. Es decir, todos los vecinos pagan lo mismo. Y cómo, cuando se establece una tasa variable, los criterios que se utilizan para calcular la cantidad a abonar no se relacionan con el nivel de generación de basura o con la separación de los residuos para su reciclaje; sino que se vinculan a variables como la localización de la vivienda, al valor catastral o el consumo de agua. "Es muy baja la frecuencia de beneficios fiscales con motivación ambiental", destaca el estudio.

De esta forma, según los autores, en España se ha perdido la oportunidad de dibujar un sistema impositivo que incentive el reciclaje: "El potencial que representan las tasas de basura para mejorar la gestión de los residuos ha sido poco explotado". "La gente no hace el esfuerzo porque no se hace distinción entre los que separan y los que no", apostilla Sastre, que achaca este problema a una falta de voluntad política y a un marco legal tan flexible que permite a los Ayuntamientos fijar unas tarifas que ni siquiera cubren el coste del servicio de recogida y gestión de los desechos. "Esto provoca que, para el ciudadano, sea muy difícil saber qué paga realmente por ello", remacha el investigador.

En el citado Esporles, un municipio de casi 5.000 habitantes de la Sierra Tramuntana, el consistorio introdujo en 2009 el sistema denominado "pago por generación". Y las cuentas salen más fácilmente. Los vecinos de esta localidad abonan, por vivienda, un fijo de 90 euros. Y, aparte, un euro por cada bolsa de basura no reciclada que produzcan. "Ese euro costea la propia bolsa, el transporte y la incineración de ese residuo", aclara el Ayuntamiento. "Con este mecanismo, el usuario abona la tasa en función de su generación real y del servicio que obtiene por su gestión. Así se premia a los ciudadanos que realizan un esfuerzo en la reducción de desechos y la separación en origen", aclara el estudio publicado en la revista Crónica Tributaria.

Pero este tipo de iniciativas no siempre funcionan. El Gobierno local de Torrelles (Barcelona) también aprobó a principios de la pasada década la puesta en marcha del sistema de pago por generación. "Pero se dejó de aplicar al poco tiempo. Se instauró poco antes de las elecciones locales y a la vez que la recogida puerta a puerta. La gente no estaba preparada para un cambio tan brusco y mostró su rechazó", explica un técnico municipal. "El contexto influye muchísimo. En Irlanda, por ejemplo, se quiso implantar en todo el país de forma simultánea y los resultados fueron peores de lo esperado. Cada zona presentaba unas particularidades que no se tuvieron en cuenta", sentencia Sastre.

Por ello, los investigadores apuestan por aplicar medidas transversales que impliquen a las diferentes administraciones. "Si el marco fiscal no cambia, le corresponde a los consistorios y autonomías fomentar la reducción de residuos a corto plazo", subraya Sastre, que pone como ejemplo la iniciativa avanzada por la Generalitat valenciana de instalar máquinas que devuelva 10 céntimos al usuario por cada envase que depositen. Esta medida permite recuperar el 99% de los recipientes, según afirma la ONG Deutsche Umwelthilfe, que ya impulsó este proyecto en Alemania.

Vïa y foto: economia.elpais.com