Cada ciudadano europeo desperdicia más de 10 kilos de comida al mes
Que la comida no se debe tirar porque supone un importante despilfarro de recursos, tanto económicos como medioambientales, y es éticamente reprobable, va calando con el tiempo en la conciencia ciudadana y en los planes de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. No obstante, sigue siendo un desafío que el Gobierno quiere plasmar con la futura ley de desperdicio alimentario, aprobada recientemente en el Congreso y pendiente de su último trámite.
¿Su objetivo? Combatir unas cifras alarmantes, especialmente en el Viejo Continente, donde cada europeo acaba tirando más de 10 kilos de comida al mes, una realidad bochornosa que lo es aún más en un momento en el que los precios están disparados y en medio de las caídas en las cosechas a consecuencia de la sequía.
España intentará echar el freno con una norma que hasta ahora tiene aliados, flecos y tareas pendientes. Los colectivos que aplauden su desarrollo y aprobación echan en falta un presupuesto que la acompañe y un calendario concreto para su desarrollo; entre los grandes logros, destacan la obligación de acotar y definir el problema, de ponerle luz y cifras.
«Si preguntas a alguien si tira comida en casa siempre te va a decir que no, con las empresas pasa lo mismo», explica el director en España de Phenix, Jean-Baptiste Boubault; su firma trabaja ya en el país para ayudar a las compañías de fabricación y distribución alimentaria a establecer la operativa que les permita prevenir un despilfarro que puede suponer el 2 por ciento de su facturación.
El proyecto de ley pasó hace apenas unas semanas por el Pleno de Congreso, por lo que en breve será una obligación para las empresas cuantificar lo que tiran y elaborar planes para dejar de hacerlo, entre otros aspectos. Se estudió en Consejo de Ministros hace casi un año, cuando España se afanó en sacar un plan que solo había aprobado Francia en el contexto europeo; una regla que señala la jerarquía de prioridades de uso de los excedentes e incluye sanciones para las compañías de hasta 60.000 euros. Y es una de las iniciativas normativas marcadas como prioritarias en los objetivos del Ministerio de Agricultura para esta legislatura.
Phenix ya trabaja en Francia con 17.000 empresas y en España con firmas como Leclerc y la cadena Áreas. Entre las barreras que identifica de esta experiencia resalta el «tabú» de reconocer el desperdicio y la responsabilidad en las donaciones. Por esto, entiende que la ley es un buen «paso», ya que a su juicio «solo medir supone ya reducir; cuando empiezas a calcular algo te empiezas a preocupar por saber de dónde viene».
En su caso, trabajan en el desarrollo tecnológico y el acompañamiento humano que se necesita, por ejemplo, para conseguir vender a precios reducidos los productos con fecha de caducidad próxima. «Puede parecer fácil, pero implica impresoras portátiles, que el sistema sea reconocido por la caja, saber cómo detectar los productos próximos a caducar o cómo comunicarlo bien al cliente», apunta al respecto. Y es ahora, cuando la norma se acerca a ser una realidad y los costes presionan los márgenes, el momento en el que hay más argumentos para trabajar con método para evitar un gran problema que, según los cálculos de esta firma, supone entre el 1,5 por ciento y el 2 por ciento de la facturación.
En cuanto al proyecto de ley, vuelve ahora a la Cámara Alta donde hay colectivos que no pierden la esperanza de incluir alguna mejora. Es el caso del grupo Ley sin Desperdicio, que aglutina a varias organizaciones que han dado la batalla durante el período de tramitación, especialmente cuando llegó al Congreso y en su opinión «perdió parte de su ambición». Así lo entiende su portavoz, María González, quien reconoce los avances de la iniciativa, pero en la que echa en falta un calendario para su desarrollo normativo y un presupuesto para llevarlo a cabo.
El colectivo valora que se hayan reforzado las obligaciones de las Administraciones Públicas para medir y evaluar el desperdicio en todos los eslabones y considera un criterio «muy elevado» que solo los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados están obligados a incluir la jerarquía de prioridades o las donaciones.
