Altas temperaturas, sequías, incendios forestales, inundaciones, subidas del nivel del mar… El calentamiento global supone una amenaza para Europa, no solo por las consecuencias inmediatas de estos fenómenos atmosféricos adversos, sino también por la escasez de recursos y materias primas de las que ya de por sí carece el viejo continente, lo que afecta de forma severa a nuestra competitividad industrial.

Por ello, la Unión Europea lleva más de una década trabajando en el desarrollo de normativas orientadas a fomentar la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de residuos. Por ejemplo, muchos residuos que, en otro momento, habrían sido desechados como basura, hoy son considerados y utilizados para la fabricación de nuevos productos, ahora bajo la etiqueta de economía circular.

De ahí la importancia de que las grandes corporaciones y las administraciones públicas dispongan de herramientas que permitan controlar de manera rigurosa la trazabilidad de los residuos, desde el punto de producción hasta el último tratamiento. Sin un control estricto de la trazabilidad del residuo, se hace muy difícil reintegrarlo en la cadena de valor y desarrollar políticas de economía circular que, a la postre, sirven para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global.

¿Y en España? En nuestro país, la normativa de residuos se ha ido adaptando, paulatinamente, a los objetivos derivados de las directivas comunitarias. Todo ello, con el fin de avanzar en políticas que contribuyan tanto a una mayor sostenibilidad como a la implantación de modelos económicos circulares. 

Un escenario en el que la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (LERSEC), ha supuesto, no solo, el mayor cambio de legislación de residuos de los últimos años sino, además, todo un reto para las Administraciones y profesionales implicados en la cadena de valor del residuo.

Entre los principales hitos de esta nueva ley destaca, sin duda alguna, el modelo de responsabilidad compartida en la gestión del residuo, ya que el productor, generador u origen del residuo, se ha convertido en el responsable directo de la gestión adecuada de sus residuos. Es decir, ahora quien produce el residuo debe garantizar una correcta gestión del mismo, si no quiere enfrentarse al principio de “quien contamina paga”.

De esta forma, hemos pasado de un modelo de 'responsabilidad delegada' —es decir, la responsabilidad del productor acaba una vez entregado el residuo a un tercero— a un modelo de 'responsabilidad compartida' —ya presente desde hace años en países como Francia, Reino Unido o Alemania— en la que el productor tiene la obligación ética y legal de asegurar la seguridad y el bienestar de otros. Es lo que se denomina duty of care, el deber de vigilancia y cuidado.

Con este modelo se obliga a los productores a ser más cuidadosos a la hora de entregar su residuo, y también a tener en consideración otros criterios, además de los económicos. Por todo ello, la trazabilidad, el tipo de tratamiento y la correcta gestión del residuo importan y mucho.

Tradicionalmente, el coste de gestión era el factor principal a la hora de decidir el destino de un residuo. En cambio, este nuevo escenario ofrece más razones para que los productores pongan en marcha estrategias de prevención, reducción y minimización de residuos, así como alternativas de gestión que permitan convertir los residuos en recursos. Un enfoque que es fundamental para avanzar hacia la circularidad corporativa.

En relación con esta nueva situación, la directiva CSDD o CS3D —el reglamento sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas, que será implementada por la UE antes de 2024— refuerza la importancia de que las empresas adopten una conducta responsable en aspectos sociales, laborales y ambientales.

Por tanto, el desafío al que se enfrentan las empresas para cumplir exitosamente con todas estas obligaciones no es insignificante, especialmente si se tiene en cuenta el nuevo marco de trabajo y la situación actual en la que la responsabilidad del residuo recae en el producto, el origen del mismo.

Entre algunas de las medidas que pueden implantar las grandes corporaciones para cumplir las nuevas exigencias legales se encuentran las de incorporar procedimientos de vigilancia y control idóneos para prevenir irregularidades en la gestión del residuo. Para ello, es importante mejorar el control de la trazabilidad del residuo, haciéndola cada vez más rigurosa, desde el origen hasta el tratamiento final.

En sectores tradicionalmente más clásicos, como el de la cadena de valor de los residuos, la velocidad a la que se desarrollan las tecnologías de digitalización, tratamiento y explotación de los datos abren nuevas oportunidades. Se trata, sin duda, de una actividad en la que la aplicación de las tecnologías de la información plantea un horizonte disruptivo y de crecimiento enorme.

Todos los actores de la cadena, desde organizaciones que producen y generan residuos como resultado de su actividad hasta otras que gestionan estos recursos, tienen en el software y la tecnología unos aliados de primer orden para generar valor, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar sus riesgos ambientales y optimizar sus recursos, dando como resultado organizaciones más competitivas, rentables y positivas medioambientalmente.

En efecto, los cambios en las regulaciones establecen nuevas reglas a seguir, sin olvidar la presión que ejercen los mercados y los consumidores. Por tanto, es el momento para aprovechar las capacidades del software para una gestión inteligente del residuo que permitirá mejorar la calidad de los datos, automatizar el control de los flujos de información y garantizar la trazabilidad.

Todo ello con el objetivo de cumplir con las normativas vigentes y extraer conocimiento de calidad para desarrollar políticas enfocadas en la reducción de residuos, la economía circular y la mitigación del cambio climático. 

[Este contenido procede de El Español. Lee el original aquí]