Expertos rechazan la nueva tasa de residuos en Sevilla basada en la contaminación

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha sido contundente al analizar la nueva tasa de residuos que exige la Unión Europea y que debe implantar el Ayuntamiento de Sevilla a partir del próximo mes de marzo. Este órgano, formado por agentes sociales de Sevilla en materia económica y social, y tiene entre sus funciones emitir informes con carácter preceptivo sobre propuestas, proyectos y normas que pueda desarrollar el Ayuntamiento antes de su aprobación provisional en el pleno.
En esta ocasión, ha valorado la nueva tasa de residuos para este 2025, un impuesto que repercutirá en todos los sevillanos. Los técnicos municipales calculan que habrá una subida de un año a otro de 9,9 millones entre la tasa de viviendas y de locales. Actualmente, la recaudación total es de 18,1 y 19,9 millones y pasaría a 23,1 y 24,7 millones respectivamente desde abril de 2025 hasta final de año. Esta cifra es el resultado de la suma de todos los costes derivados de la gestión de residuos en la ciudad.
En aras del objetivo de reducir la cantidad de residuos generados por los ciudadanos y las empresas europeas y mejorar su gestión conforme a los principios de jerarquía de residuos y de “quien contamina paga”, la Unión Europea ha obligado a los Estados miembros a tomar diferentes medidas, enumerando distintos instrumentos económicos entre los que se encuentran las tasas y restricciones a las operaciones de depósito en vertederos e incineración de residuos y que incentiven la prevención y el reciclado de residuos.
Por ello, el Ayuntamiento está obligado a implantar una nueva tasa, y en diciembre de 2024 pidió al CESS un dictamen sobre el expediente de imposición y aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios específicos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
No pagarán más los que más contaminan
Según el CESS, "no se está cumpliendo con el objetivo de quien contamina paga, al no tener en cuenta el volumen de residuos que generan unas viviendas u otras". "Entendemos que tal y como está configurada la tasa y su correlación con la tasa de recogida de residuos no cumple con los objetivos que la ley pretende: la separación en origen de los residuos, y el principio de quien contamina paga", explican estos expertos.
¿Cómo debería aplicarse?
Para cumplir con los objetivos que la Ley de Residuos establece, el CESS entiende que se debería "concienciar a la población para que se realice la separación en origen de los residuos; actuar contra el vandalismo; o analizar los costes reales que deben financiarse con esta tasa y exponer de forma clara cómo se ha repercutido en cada una de las tarifas dicho coste y su total separación de los costes computados en la actual tasa de recogida de basuras vigente".
También "analizar otras fuentes de financiación que permitan reducir el coste del servicio y, por tanto, la tasa que deba repercutirse a los usuarios; analizar qué bonificaciones permite la ley y su posible aplicación; tener en cuenta que, en la tributación de las viviendas deshabitadas y locales sin actividad, si nos basamos en el principio de “quien contamina paga” exigido por la Ley de Residuos, podría ser necesario en la determinación de la cuota en estos casos, diferenciar una parte de la cuota por disponibilidad del servicio y otra por generación; o elaborar un proyecto que vaya orientado a la consecución paulatina del objetivo pago por generación".
En definitiva, aseguran que no se pagaría en función de lo que se contamine o lo que se genere y que se debe estudiar cómo conseguir que de forma clara haya diferenciación entre quien genere más o menos residuos, cómo conseguir bonificaciones y cómo reducir costes para los usuarios.
[Este contenido procede de El Correo Lee el original aquí]