Extremadura: El nuevo Plan de Residuos limita la capacidad de gestión de los vertederos
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La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha destacado que con el nuevo Plan Integral de Residuos de Extremadura (PIREX) se dejaría fuera tanto al "macrovertedero" que iba a instalarse en Salvatierra de los Barros (Badajoz) por una iniciativa privada, como otros similares que pudieran promoverse. Lo confirmó el pasado 4 de diciembre en declaraciones tras el Consejo de Gobierno.
Este nuevo plan limitaría la capacidad de residuos a 55 mil toneladas, y en él mismo se indicarán las posibles ubicaciones para "no tener conflictos" medioambientales, destacó la portavoz. Este plan tiene "que pasar por el Consejo de Medioambiente extremeño, por el Ministerio y por la Unión Europea" y una vez que tenga el visto bueno, la Junta dirá los lugares donde podrían ubicarse, afirmó Bazaga.
La posible instalación de una planta de reciclaje y tratamiento de residuos en Salvatierra de los Barros tuvo una fuerte contestación social, la ciudadanía la llamó "macrovertero" y crearon una plataforma "Salva Tu Tierra" para oponerse a esta iniciativa empresarial en una localidad rodeada de dehesas, cuna del cerdo ibérico y de la alfarería.
Esta iniciativa fue propuesta por la empresa 3RS TGestión MA Extremadura y pretendía gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos, implantando además un vertedero con 45 celdas de vertido, que comprenden 21 fases en la explotación de la instalación, y con una vida útil será de unos 45 años, que es cuando terminaría la última fase de los vasos de vertido y se habrán sellado las celdas proyectadas.
Tal fue la oposición a este proyecto que dinamitó la vida municipal, y el alcalde, el socialista Francisco José Saavedra, dimitió. Posteriormente, y tras las amenazadas de dimisión de los concejales socialista, fue investido alcalde el popular, Abel Caro, con los votos de su grupo municipal, el Partido Popular, y de los exconcejales socialistas.
Posteriormente, la Junta de Extremadura, en marzo de este año, puso fin a la vía administrativa de este proyecto dictando resolución de inadmisión de la solicitud de Autorización Ambiental Integrada. Contra dicha resolución, que concluyó la vía administrativa, la empresa podía interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
[Este contenido procede de El Economista. Lee el original aquí]