Las condiciones del concurso de recogida de basuras, que con 11,6 millones de euros de coste anual es uno de los más cuantiosos del Concello, obligan a la sociedad que realice el servicio a dedicar el 0,5% de su presupuesto anual a subcontratar a una empresa de economía social, la fórmula legal que agrupa a los centros especiales de empleo, las empresas de inserción y las cooperativas de trabajadores. Pero la oferta ganadora, de Cespa (actualmente Prezero), ofreció a una compañía que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de declarar inválida, aunque, según fuentes de la empresa, nunca llegó a trabajar. Según fuentes de la empresa, desde el “inicio del contrato” se cubrió el servicio con Inusvalia, una empresa vinculada por la Policía Nacional a la presunta “trama criminal” del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) y de la que se prescindió después de que empezase una investigación judicial contra este.

Cespa, en sus diversas encarnaciones, ha venido prestando el servicio de recogida de basuras desde 1967, cuando ganó un concurso que caducó en 2017. El Gobierno local de Marea Atlántica la mantuvo en precario mientras convocaba un concurso para elegir a la siguiente concesionaria, y Cespa quedó inicialmente de tercera, aunque finalmente consiguió el primer puesto en 2020 después de que el Tribunal de Contratación gallego anulase las dos propuestas que habían quedado por delante. Su oferta proponía subcontratar a la empresa madrileña Redfood para cumplir con el porcentaje de economía social obligatorio.

Pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de emitir una sentencia que anula su oferta por varios defectos. Además de problemas con la emisión sonora de los vehículos y las instalaciones propuestas, el Superior afirma que la empresa Redfood “no es una empresa de economía social”.

A mayores, el tribunal destaca que en la parte de la oferta en la que explica sus costes, Cespa asigna a la empresa 22.176 euros, menos de la mitad de lo que tendría que gastar para cumplir con el porcentaje del 0,5% que el Ayuntamiento estableció como obligatorio. De acuerdo con el Superior, esta circunstancia supone “además de incumplimiento de los pliegos”, una “ventaja competitiva por ahorro económico” en relación a las otras empresas que se presentaron. Según considera el Superior, las deficiencias de la oferta de Cespa conllevan la eliminación de su propuesta, aunque la sentencia no es todavía firme.

Para el tribunal, “no es preciso esperar a la adjudicación para conocer que se ha incumplido el pliego”. Es decir: es irrelevante que Redfood haya llegado a trabajar o no, o que a la economía social se le haya asignado finalmente el 0,5% que correspondía, pues basta que se incluyese la oferta para que esta fuese inválida. Pero Prezero (que compró la división medioambiental de Cespa en 2021) señala que no llegó a trabajar con Redfood: “Desde el inicio del contrato hasta ahora, hemos cubierto el 0,5% con empresas de economía social (primero Inusvalia y ahora Coregal)”.

De acuerdo con esta versión, Inusvalia fue la contratista de Prezero durante más de dos años: desde el inicio del contrato (que se adjudicó en octubre de 2020) hasta abril de este año, cuando Prezero señaló a este diario que la había sustituido por Coregal, subrogando a uno de sus cuatro trabajadores. Fuentes sindicales señalan, sin embargo, que la presencia de empleados subcontratados es mínima.

Inusvalia, de acuerdo con fuentes de la Policía Nacional consultadas por este diario, se constituyó en 2021, funcionaba como centro especial de empleo para personas con discapacidad, con lo que los seguros sociales salían “mucho más baratos”, y su facturación ese año fue de aproximadamente un cuarto de millón de euros. Disponía de un centro en A Coruña y otro en Ponferrada, pero sus únicos clientes en la primera ciudad eran Prezero y A Coruña Limpeza, la concesionaria de limpieza viaria. En ambas es mayoritario el STL.

De acuerdo con la investigación policial, que ahora se sigue en el juzgado, la responsable de Inusvalia era un “testaferro” del secretario general del STL, Miguel Ángel Sánchez. Siempre según la versión policial, este “se aprovechaba” de su situación como líder sindical para conseguir “que contraten a su empresa, y no a otra”, y recibía los “beneficios” de los contratos.

Además de contra Sánchez, la investigación judicial se dirige contra el presidente del comité de empresa de Prezero, Luis Varela, y contra otras tres personas. La Policía Nacional también acusa a la trama de cooptar la contratación en las concesionarias cobrar mordidas a los empleados temporales, aunque no hay por el momento ningún condenado. La mayoría de la plantilla de Prezero ha participado en las primarias de STL, respaldando a Sánchez y a Varela como cabezas de lista para el comité de empresa.

[Este contenido procede de La Opinión de A Coruña. Lee el original aquí]