El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobó el pasado 8 de noviembre el Proyecto de Ley de Economía Circular que "busca la mejora del medio ambiente regional, reduce la burocracia sin añadir tasas o impuestos e implanta un nuevo sistema productivo más eficiente para el aprovechamiento de los recursos naturales". El texto se remite ahora a la Asamblea de Madrid para su aprobación y la previsión de que entre en vigor a inicios de 2024.  La pasada primavera, esta norma decayó debido a la convocatoria electoral.

Tras la reunión, el consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha desgranado que la nueva Ley del Ejecutivo regional se presenta con nuevas aportaciones de los colectivos del sector que participaron en su inicial proceso de elaboración. La Ley de Economía Circular implantará "un nuevo modelo, pasando del lineal al de la reutilización y reciclaje, que maximiza el ciclo de vida de los materiales y previene la generación de residuos". De este modo, se creará un sistema productivo y de consumo "más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, en línea con las directrices que marca la Unión Europea". Además, "permitirá avanzar hacia el vertido cero e incentivar la creación de nuevas oportunidades para las empresas y municipios de la región".

Desde el Ejecutivo madrileño han defendido que se trata de "una norma incentivadora, no impositiva, que evita burocracia y gastos innecesarios, ya que no requiere de un organismo adicional ni establece tasas ni impuestos agregados". Busca beneficios ambientales, junto a otros económicos, sociales y académicos. Asimismo, persigue "reforzar la seguridad jurídica, eliminar la hiperregulación, proteger el entorno, impulsar la sostenibilidad y generar empleo estable y riqueza".

El objetivo de la Ley de Economía Circular madrileña es "la implicación de toda la sociedad, fomentando un uso responsable y competente de los recursos naturales, el incremento de la vida útil de los productos que con ellos se generen y su reciclaje y valorización para incorporarlos de nuevo a la cadena de producción". En cuanto al apoyo a municipios y mancomunidades, el Gobierno regional apuesta por la construcción de instalaciones de tratamiento de desechos más grandes y modernas, financiando el 50% para responder a las exigencias fijadas por la Unión Europea.

Por otra parte, el texto propuesto "dota de mayor flexibilidad a las poblaciones para adaptar el reglamento a su realidad, definiendo el mínimo de puntos limpios por localidad y de unidades móviles". También contempla la prestación de los servicios mínimos obligatorios relacionados con la recogida y tratamiento.

En lo que se refiere a crecimiento económico, hay un apoyo explícito a las empresas para darles seguridad jurídica y promover que instauren procesos medioambientalmente adecuados. Por ejemplo, permitirá que las cenizas de combustión de biomasa puedan usarse como fertilizante, que los recortes de poliestireno (resina plástica) sirvan para la producción de aislantes en construcción o que las virutas de madera se utilicen para elaborar camas de ganado. Además, propone la figura de inversión empresarial "de interés estratégico" para la economía circular en la Comunidad de Madrid, a fin de captar aportaciones estratégicas.

Una vez aprobada la Ley de Economía Circular, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior desarrollará la nueva Estrategia de Economía Circular 2025-2032. Su objetivo será avanzar en la transformación del actual modelo de depósito en vertedero hacia uno de tratamiento de residuos, comenzando por las Mancomunidades del Noroeste y del Sur, donde se apoyará financieramente su modernización y desarrollo. Así, se dotará con 450 millones a estas dos mancomunidades y a la del Este en los próximos 20 años.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]