El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el "acopio indiscriminado" de más de 200 toneladas de tubos de fibrocemento en una finca agrícola de Cañada Alto, en Mazarrón (Murcia), según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, enmarcada en la operación 'Eagleler', se inició el pasado febrero, cuando guardias civiles del SEPRONA, en el marco de los servicios dirigidos a la vigilancia y persecución de delitos medioambientales, detectaron la existencia de un supuesto cementerio de residuos donde se acumulaba una gran cantidad de tubos de fibrocemento. En la finca agrícola, los guardias civiles hallaron más de 200 toneladas de tubos de gran tamaño, en una superficie a la intemperie de unos 160 metros cuadrados, lo que hizo sospechar que podía tratarse de un cementerio de residuos peligrosos no autorizado.

Debido al elevado volumen de materiales, a la mezcla de los mismos y a la ausencia de medidas de seguridad obligatorias, se realizó la correspondiente inspección ocular y se obtuvieron muestras que fueron remitidas para su análisis a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA.

El informe pericial determinó la existencia de amianto, un tipo de residuo catalogado como peligroso en la Lista Europea de Residuos (LER), para cuyo tratamiento y almacenamiento se requiere de una gestión específica. El código LER clasifica con seis dígitos los distintos tipos de residuos, estando catalogados como peligrosos los de contenido en amianto, por lo que su retirada debe ser realizada por una empresa especializada y autorizada, siguiendo normas técnicas para la protección del medio ambiente y de la salud.

La Unión Europea considera el amianto sustancia carcinógena de la categoría primera, especialmente peligrosa para los humanos. Se trata de un residuo no degradable, que permanece durante largos periodos de tiempo sin alterarse, pudiendo sus fibras transportarse fácilmente a largas distancias, por la acción del viento o del agua, antes de volver a depositarse. La operación 'Eagleler' ha culminado con la investigación de dos personas a las que la Guardia Civil atribuye la presunta autoría de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción de Guardia de Totana (Murcia).

El Código Penal, en su artículo 325 sobre delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, establece, que será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo por tiempo de 1 a 2 años el que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente ocasionen un grave daño al equilibrio de los de los sistemas naturales.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]