Allfunds y MainStreet Partners, el destacado proveedor de datos ESG y de impacto, evalúan las repercusiones de las recientes normativas de ESMA (European Securities and Markets Authority) para prevenir el riesgo de "greenwashing" en la gestión de fondos.

Las nuevas normativas de ESMA exigen que los fondos que utilicen términos relacionados con la sostenibilidad en sus nombres aseguren que al menos el 80% de sus inversiones tengan características medioambientales o sociales, y que inviertan significativamente en activos sostenibles.

MainStreet Partners ha analizado más de 7.000 fondos, descubriendo que aproximadamente 1.800, es decir, el 25% de éstos, emplean terminología afectada por las nuevas normativas. Estos fondos deberán cumplir con las directrices o cambiar sus nombres, siendo los fondos artículo 8 bajo SFDR los más impactados, ya que representan el 67% de los que necesiten ajustarse.

Las exclusiones que los fondos deben implementar varían según los términos utilizados en sus nombres. Los fondos que incluyan términos como por ejemplo "medioambiental", "impacto" y "sostenibilidad" deben adoptar las mismas exclusiones que los índices de referencia (benchmarks) alineados con el Acuerdo de Paris (“Paris-Aligned Benchmarks” o PAB). Aquellos que incluyan términos como "transición", "social" y "gobernanza" deben adoptar las exclusiones de los benchmarks de transición climática (“Climate Transition Benchmarks” o CTB).

Los CTB excluyen empresas involucradas en el cultivo y producción de tabaco, las involucradas en alguna actividad relacionada con armas de fuego, y aquellas que incumplen el Pacto Mundial de la ONU o los Principios de la OCDE. Los PAB son más estrictos ya también excluyen, por ejemplo, empresas con ingresos del 10% o superiores derivados de actividades relacionadas con combustibles fósiles.

La investigación de MainStreet Partners muestra que el 66% de todos los fondos que deben cumplir con CTB o PAB están expuestos actualmente a inversiones que incumplen sus exclusiones.

Los fondos ya existentes tendrán 9 meses para adaptarse a las nuevas normativas, mientras que los de nueva creación deberán hacerlo en un plazo de 3 meses a partir de la publicación de las directrices, en todas las lenguas oficiales de la UE, en la página web de ESMA.

Dentro de los fondos sujetos a los requisitos del PAB, el carbón y los combustibles fósiles son las actividades infractoras más comunes. En el caso del CTB lo son las relacionadas con armas controvertidas y violaciones de la OCDE. La mayoría de los incumplimientos relacionados con los combustibles fósiles y el carbón se deben probablemente a actividades tangenciales de empresas invertidas, más que a actores puros en esos campos. En el caso de las infracciones por armas controvertidas su alta proporción se debe, en parte, a los estrictos criterios aplicados a este sector.

Los nuevos requisitos de ESMA suponen una carga administrativa considerable para los gestores de fondos, y tanto el aumento de los requisitos como su granularidad deberían disuadir de hacer afirmaciones no fundamentadas en materia de ESG y sostenibilidad en los fondos.

Aunque dos tercios de los fondos afectados no cumplen con las nuevas normativas, el porcentaje de activos bajo gestión impactados es relativamente bajo. Lo más probable es que los gestores de fondos busquen liquidar sus participaciones en aquellas empresas que no cumplan con las exclusiones; sin embargo, una cantidad reducida de gestores ha expresado su deseo de cambiar el nombre de sus fondos afectados.

[Este contenido ha sido reelaborado a partir de AllFunds]