País Vasco: Residuos franceses fueron depositados ilegalmente en Zaldibar
Un tribunal de Baiona llegó a ordenar seguimientos a camiones, escuchas telefónicas a empresarios y registros judiciales contra una trama que depositó residuos en el vertedero de Zaldibar. Finalmente, ha declarado culpables a las firmas CBA Artola –cuyo propietario, Denis Artola, llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de Donibane Lohizune– y Etcheverry-Mindurry por tráfico ilegal de residuos con destino al vertedero vizcaíno de Zaldibar, derrumbado en 2020. Ha ocurrido tras la demanda iniciada por el colectivo ecologista Cade (Colectivo de Asociaciones de Defensa del Medio Ambiente del País Vasco y las Landas). Concretamente, el pasado 18 de enero, cuando el tribunal impuso multas de 100.000 euros y 150.000 euros respectivamente a sendas empresas, así como embargos por importe de 210.000 y 111.000 euros.
Estas dos empresas habían sido acusadas por la Fiscalía de Baiona de haber enviado a Zaldibar más de 22.000 toneladas de residuos industriales entre 2018 y 2021, principalmente escombros de obras de construcción. Para ello contaron con la colaboración de dos empresas guipuzcoanas cuyo nombre sigue sin trascender a los medios de comunicación.
La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa abrió unas diligencias de investigación sobre la trama francesa, incoadas en fecha 22 de abril de 2021, tras un oficio de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil. En palabras de la propia Fiscalía, se buscaba dilucidar los pormenores de un delito de “traslado ilícito de residuos con motivo del transporte transfronterizo de residuos de demolición y construcción desde dos empresas francesas hacia dos empresas ubicadas en territorio guipuzcoano“. Asimismo, la trama carecía de “autorizaciones administrativas o notificaciones de traslado pertinentes”, lo que pudo llevar a que se beneficiara, según la investigación, de “reducciones/exenciones del Impuesto General sobre Actividades Contaminantes (TGAP)” en el Estado francés.
La investigación también indicaba que, “con el objeto de corroborar documentalmente las presuntas irregularidades relativas al transporte de los residuos”, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco fue requerida para que facilitara información sobre las empresas guipuzcoanas receptoras de los residuos. Así, el Gobierno Vasco debía remitir datos “acerca de las comunicaciones y autorizaciones de transportes transfronterizos” que pudieran constar en sus registros.
Pero la Fiscalía de Euskadi, en la memoria correspondiente al ejercicio 2022, se quejó de la falta de colaboración generalizada del área de Medio Ambiente del Gobierno Vasco para la investigación de causas penales relacionadas con delitos ambientales como vertidos o irregularidades en la gestión de residuos. Dos años antes, con motivo de la presentación de la memoria de 2020, la Fiscalía incluso señaló “disfunciones” en la labor investigadora de la Ertzaintza en esta materia, mientras destacó la de la Guardia Civil.
Para investigar a la mencionada trama que enterró residuos en Zaldibar y su ramificación guipuzcoana, se celebraron reuniones en el Centro de Cooperación Policial de Hendaia en diciembre de 2021 y enero de 2022. En ellas participaron el Fiscal de Baiona, miembros de la Gendarmería Nacional de Francia, agentes del UCOMA, la Fiscal Delegada de Cooperación Internacional y el Fiscal Delegado de Medio Ambiente, estos dos últimos de Gipuzkoa.
[Esta información ha sido reelaborada a partir de El Salto. Lee el original aquí]
