La compañía, que enmarca los cambios en “un proceso de reorganización”, ha prescindido del hasta ahora Director de la línea de negocio de Tratamiento y considerado el número 3 de la compañía, Carlos Abilio Pérez. El directivo acaba de comunicar en LinkedIn esta “inesperada transición” tras 33 años en el grupo. Su sustituto es Rafael Guinea, hasta ahora responsable de Tirme, la concesionaria del servicio de tratamiento de residuos urbanos de Mallorca que gestionan Urbaser (80%) y FCC (20%).

Carlos Abilio es un histórico de Urbaser y, antes, de ACS. Perteneció muchos años a la alta dirección de la constructora, como director general de Tratamiento de Residuos, cuando esta empresa pertenecía al gigante de Florentino Pérez. ACS vendió Urbaser en 2016 a un grupo chino, Tianying. Este a su vez vendió la compañía en 2021 al fondo estadounidense Platinum.

La multinacional que pilota desde 2022 Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra e hijo del exministro de la Transición, también ha prescindido del hasta ahora director general de Sertego, Aitor Jáuregui. Su carta de presentación como máximo responsable de la filial ha sido ya borrada de la compañía.  Jáuregui llegó a presidir en 2013 la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), patronal del sector, que está integrada en CEOE desde el año pasado. Según fuentes de Urbaser, su sustituto al frente de esta división se incorpora “la semana que viene”.

Esas fuentes enmarcan estos cambios en el anuncio, el pasado verano, de una tercera unidad de negocio en Urbaser llamada Soluciones Industriales, que se une a las de Servicios Urbanos y Tratamiento, y que sustituye a la marca Sertego. “El cambio de nombre de la división (de Sertego a Soluciones Industriales) responde a nuestra estrategia de Rebranding para agrupar a las marcas, dentro de esta profunda transformación empresarial en la que estamos inmersos, explica Urbaser.

En paralelo a estos cambios, Urbaser ha fichado como director general del área de Servicios Urbanos a Alejandro de la Joya, histórico de Ferrovial que fue consejero delegado de su filial de Construcción o de Cintra. Hermano de Adrián de la Joya (ex socio del ex comisario corrupto José Manuel Villarejo), Alejandro de la Joya cubre la vacante de Manuel de Andrés, el hasta este año número dos de la compañía. 

La criba en la pata de Medio Ambiente se ha producido tras aceptar Sertego la responsabilidad subsidiaria derivada del que fuera director de su planta de aceites en Fuenlabrada en una trama de fraude que lideraba un empresario almeriense, Emilio Torrecillas, denominado el Rey del Gasóleo adulterado, y recientemente condenado por el Tribunal Supremo. Torrecillas, que ya fue condenado por contrabando o por delitos contra la Hacienda Pública previos a estos hechos, fue detenido en junio de 2021 en un hotel de Logroño tras años huido de la justicia. En noviembre, el Supremo le condenó a 14 años y tres meses de prisión y al pago de multas de más de 8 millones por distribuir desde 2007 hasta 2010 millones de litros de combustible fraudulento a cientos de estaciones de servicio del sureste español. 

Para ello, utilizaba gasóleo mezclado con un 25% de aceite reciclado que la empresa Tracemar, de Urbaser (luego rebautizada como Sertego Servicios Medioambientales SL), obtenía en Fuenlabrada de un proceso de regeneración de lubricantes, que cuando se destinan al comercio intracomunitario están exentos de impuestos.  Los condenados fingían exportar ese aceite a Francia o Italia mediante albaranes falsos que confeccionaba la propia Tracemar, según la sentencia. Pero el producto reciclado en realidad acababa en una nave de su propiedad en un polígono industrial de Cantoria (Almería). Allí se mezclaba con gasoil y se vendía sin declararlo a Hacienda.

A través de 515 operaciones ficticias con ese aceite industrial procesado por Sertego, y valiéndose de una red de sociedades pantalla que utilizó en algunos casos a ancianos que figuraban como testaferros a cambio de 500 euros, se evadieron cantidades millonarias en el impuesto de hidrocarburos, que equivale actualmente a 0,307 euros por cada litro de gasoil vendido.

El representante de Sertego fue condenado en julio de 2020 por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad de documento mercantil por la Audiencia Provincial Almería. “Sertego no está condenada penalmente en ninguna causa y, por tanto, Aitor Jáuregui no tiene nada que ver”, dice Urbaser en un correo electrónico. La filial cuya marca ahora va a desaparecer se define todavía en su web como “la principal operadora del mercado de residuos industriales en España.”