Tres medidas para impulsar la economía circular
“Una Europa que utilice eficazmente los recursos” es una de las siete iniciativas emblemáticas que forman parte de la Estrategia Europa 2020 que pretende generar un desarrollo inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la principal estrategia de Europa para generar empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
Esta iniciativa emblemática pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que nos ayude a mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos; identificar y crear nuevas oportunidades de desarrollo económico e impulsar la innovación y la competitividad de la UE; y luchar contra el cambio climático y reducir los impactos ambientales del uso de los recursos.
Esta iniciativa ofrece un marco de medidas a largo plazo y, de manera coherente, otras a medio plazo entre las cuales ya está identificada una estrategia a convertir la UE en una economía circular basada en una sociedad del reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos.
La economía circular es un concepto que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y cuyo objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo que se reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía. Se trata de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.
La economía circular supone un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma tiene muchos aspectos, pero si no se abordan harán que todos lo demás se convierta en mera cosmética.
En la economía circular los productos se piensan, se diseñan y se fabrican teniendo en cuenta toda su vida útil: producción, transporte, distribución, utilización y fin de vida. Hemos de asistir a un cambio de modelo productivo en el que se ponga el énfasis en que los productos puedan ser desmontados, reparados, actualizados, etc., para prolongar al máximo su vida útil.
Se ha de priorizar la producción de energía próxima a los lugares de consumo a partir de fuentes de energías renovables de manera que se genere una economía baja en carbono.
Se debe ir transformando, en definitiva, una ciudadanía que compra innumerables productos en otra que compre los servicios que ofrecen esos productos. A este respecto, es fundamental y vital la necesidad de favorecer la reparación y reutilización de aparatos y enseres. Y se debe actuar con voluntad política en este ámbito, muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora.
En la economía circular los productos se piensan, se diseñan y se fabrican teniendo en cuenta toda su vida útil: producción, transporte, distribución, utilización y fin de vida.
Hace unos días hemos asistido con envidia sana al plan que ha preparado el Gobierno de Suecia para presentar una serie de propuestas en el Parlamento de ese país que reducen del 25% al 12% los impuestos sobre la reparación de bicicletas, ropa y calzado. También se presenta una propuesta que permitirá desgravar sobre el IRPF sueco la mitad de la mano de obra pagada para reparar electrodomésticos como neveras, hornos, lavaplatos y lavadoras. Sin duda, la medida podría bajar sustancialmente el costo y de esa manera convertir la reparación de bienes en una práctica racionalmente económica.
Se ha calculado que la reducción al IVA bajará el costo de una reparación de 400 coronas suecas (42 euros) hasta unas 50 coronas (5 euros), suficientemente para estimular la industria de la reparación en Suecia.
En definitiva, la economía circular trasciende al reciclaje. Se trata de un nuevo enfoque y este es: repensar, rediseñar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar la energía.
Todas las cuestiones citadas requieren de una serie de instrumentos legales como la prohibición del vertido de residuos reciclables o combustibles. Pero, además, existen instrumentos económicos para progresar decididamente en la prevención, la reutilización y el reciclado.
Uno de los sistemas más avanzados es el sistema de pago por generación, que se basa en la aplicación de un mecanismo mediante el cual el usuario del servicio de recogida de residuos paga la tasa de basuras en función de su generación real de residuos y del servicio que obtiene para su gestión. Este sistema permite trasladar así el principio de “quien contamina paga” a la tasa de residuos y premiar a aquellos ciudadanos y ciudadanas que hacen un esfuerzo para reducir sus residuos y separarlos correctamente.
En diversos países europeos como Suiza, Alemania, el norte de Italia, Dinamarca y Holanda se ha extendido este sistema, y nos encontramos con ciudades como Berlín, Bruselas, Munich, Viena o Dublín, que funcionan así. En el caso del Estado Español sólo ha habido algunas experiencias de implantación de sistemas de pago por generación para residuos domésticos y comerciales en un número reducido de municipios de Cataluña, y en Euskadi, ninguno.
Sin duda y a simple vista, parece que este sistema tiene unas ventajas, entre las que cabe señalar que, se trata de un incentivo que persigue modificar el comportamiento de los usuarios hacia modos de vida más sostenibles con una menor generación de residuos, más justa y transparente. Aunque tiene una cierta complejidad y requiere unos esfuerzos técnicos grandes.
Un segundo instrumento económico de probado éxito es el canon sobre el vertido en vertedero que quite cualquier atractivo a su uso y que permita que el dinero obtenido se utilice a favor de acciones en el ámbito de la prevención y el reciclado. Desde el año 2004, en Cataluña, existe un canon sobre el vertido, que se define como “un tributo propio de la Generalitat, con finalidad ecológica y como medida de fomento de la valorización y la recuperación de los recursos de los residuos” que grava el destino de los residuos municipales a las instalaciones de disposición de la fracción resto (...) situadas en Catalunya”.
El tercero, se referiría a un apoyo a las actuaciones en materia de reparación y reutilización. Se trataría de un IVA 0 para los productos reparados o reutilizados, condición imprescindible para avanzar por este cambio. Esta medida, desgraciadamente, no se puede aplicar en Euskadi, al no tener competencias en la materia, ya que están en manos del gobierno español.