La compañía considera que el contrato de la concesión atribuye al Ayuntamiento la responsabilidad de esas obras, que durante varios años y hasta este ejercicio estuvieron incluidas en los presupuestos municipales.

Esa también fue la postura que mantuvo la Xunta durante años. Albada recurrió a los tribunales después de agotar la vía administrativa, que se cerró con la citada resolución de la Administración gallega, emitida en febrero, en la que se dictaminaba que la responsabilidad era de la firma.

Esa resolución corrigió otra con fecha del 2010, emitida por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, que concluía que el sellado debía ser ejecutado por el Ayuntamiento.

Tras conocer que la Xunta respaldaba su postura, el gobierno local retiró de los presupuestos municipales la partida de cuatro millones de euros para hacer las obras. Esa partida había figurado en las cuentas desde el año 2011 aunque, por causas nunca explicadas, jamás fue ejecutada.

La supresión de la partida provocó una reacción inmediata de la empresa, que presentó alegaciones al presupuesto advirtiendo que sería "nulo" por no reflejaba gastos obligatorios, ya que en su última resolución la Xunta impone un plazo de un año para hacer la obra, y Albada cree que debe pagarla el Ayuntamiento.

El gobierno local rechazó esas alegaciones de la compañía con el respaldo de los técnicos municipales. En sus argumentaciones, el director del área de Facenda señalaba que la empresa pretendía incluir en las cuentas un proyecto, el sellado del vertedero, que "debe ser ejecutado por parte de la  entidada explotadora de la planta, y no por el Ayuntamiento", según una resolución de la Consellería de Medio Ambiente.

Sin embargo, no es descartable que, si su recurso es atendido, la empresa abra una vía judicial contra el Ayuntamiento por haber retirado la partida de los presupuestos. Se sumaría al largo listado de enfrentamientos judiciales que mantienen la Administración pública y la compañía por sus diferencias sobre la concesión. La mayor parte de esos procedimientos han sido iniciados por la empresa, que se hizo con la concesión de la planta de reciclaje en febrero de 1998 y la mantendrá hasta enero del 2018.