Andalucía: Limpieza y gestión de residuos, entre los servicios esenciales de acuerdo al Real Decreto-ley 10/2020
De acuerdo con este nuevo Real Decreto Ley, las personas trabajadoras que prestan servicios en empresas e
instituciones, públicas y privadas, disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre
el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, excepto en aquellas actividades que no han sido
paralizadas por la declaración del estado de alarma. Dicho Real Decreto contempla en su articulado y anexo la relación de actividades exceptuadas, consideradas esenciales con carácter adicional a lo ya declarado en el
Real Decreto 476/2020 y demás normativa vigente.
Entre la relación de actividades consideradas como esenciales, se encuentran:
Epígrafe 18. ”Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”
En base a lo anterior, no será de aplicación el permiso retribuido recuperable, a aquellas personas
que presten servicio en cualquier actividad de gestión de residuos autorizada o inscrita en los registros oficiales autonómicos, conforme a lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, al incluirse dicho sector de forma genérica como servicio esencial en el anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo.
Esta consideración incluye la actividad de las instalaciones de fabricación de cemento que lleven a cabo
operaciones de valorización energética de residuos, en los términos previstos en el Anexo II de la citada
Ley 22/2011, de 28 de julio.