Este tributo se aprobó el pasado mes de abril, tiene carácter indirecto y recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración o de coincineración para su eliminación o reutilización. Su objetivo es desincentivar el depósito de residuos en el vertedero para favorecer el reciclaje. Con carácter general, se paga 10 euros por tonelada métrica, aunque la cuota crece en función del tipo de residuo. La ley da margen a las comunidades autónomas para que incrementen los tipos impositivos. Los ayuntamientos están molestos con la norma. Ya lo dijo el presidente de la Federación Española de Municipios, Abel Caballero, que consideró que el nuevo tributo convertía a los municipios en «recaudadores de las tasas autonómicas». En cualquier caso, el Ayuntamiento de Zaragoza considera que este impuesto no debería entrar en vigor el 1 de enero de 2023 y pide que se retrase al menos un año. La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, explicó que el recibo se va a pasar al Ctruz y será la empresa adjudicataria la que lo repercuta en las certificaciones que cobra del Ayuntamiento. Y de ahí, al recibo del contribuyente.