En la COP15 de Montreal (2022), casi 200 países se comprometieron a proteger al menos el 30 % de los océanos para 2030, un umbral mínimo para restaurar ecosistemas marinos y mantener los servicios ecosistémicos que sostienen la vida humana. Las áreas marinas protegidas (AMP) son actualmente la herramienta más eficaz para conservar biodiversidad, aumentar la resiliencia frente al cambio climático y garantizar beneficios a las comunidades costeras.

Para ser efectivas, las AMP deben conformar redes conectadas que incluyan distintos hábitats y tamaños, con niveles de protección variados según las necesidades de las especies y los ecosistemas. La conectividad permite el intercambio de larvas y el movimiento de adultos, fortaleciendo poblaciones y beneficiando áreas no protegidas. Estas redes deben integrar la participación de todos los sectores implicados —pesca, turismo, ciencia, oenegés y administraciones—, combinando gobernanza efectiva con conocimiento local y tradicional.

Aunque cerca del 10 % del océano mundial está actualmente bajo algún tipo de protección, menos del 3 % corresponde a AMP altamente o totalmente protegidas. En España, las AMP teóricas alcanzan el 23 % del mar, pero menos del 1 % está realmente protegido. Muchas áreas permiten actividades incompatibles con la conservación, carecen de vigilancia efectiva y presentan una gobernanza vertical limitada, lo que reduce drásticamente su impacto sobre la biodiversidad y la sostenibilidad pesquera.

El éxito de las AMP depende de planes de gestión claros, vigilancia efectiva y participación local activa. La financiación insuficiente y la dependencia exclusiva de recursos públicos ponen en riesgo la conservación. Modelos mixtos de financiación, donde los beneficios generados por pesca, turismo o educación reviertan directamente a la gestión, podrían mejorar la sostenibilidad y legitimidad social de las áreas protegidas.

Las AMP bien diseñadas, gestionadas y respaldadas localmente restauran biodiversidad, aumentan capturas pesqueras, reducen vulnerabilidad climática y generan beneficios socioeconómicos. Sin reformas urgentes en gobernanza, financiamiento y planificación estratégica, el objetivo 30x30 corre el riesgo de quedarse en cifras nominales, sin impacto real sobre los ecosistemas marinos.