Las cafeteras de cápsulas se han convertido en una moda y también en una fuente de residuos. El Gobierno balear quiere prohibir a partir del año 2020 las cápsulas monodosis que no sean reciclables. El anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminantes —que todavía no ha entrado en el Parlamento— prohibirá las cápsulas de un solo uso que no estén fabricadas con material compostable y solo permitirá las comercializadas por empresas que sigan un proceso de recogida y reciclaje de estas en caso de no estar fabricadas con estos componentes.

El anteproyecto pretende reducir el impacto de ciertos productos en el medio ambiente y fomentar un uso sostenible, impulsando su reutilización y reciclaje cuando sean desechados. En el mismo saco que las cápsulas de café entran otros productos como las vajillas desechables, los vasos de plástico y los bastoncillos para los oídos. En un territorio geográficamente limitado con una economía fundamentalmente turística, centenares de estos objetos acaban muchas veces tirados en playas o montes. Un ejemplo es el de las pajitas de plástico para beber —también serán vetadas— que terminan inundando las aceras y calles de núcleos turísticos para llegar después al mar arrastradas por la lluvia y el viento.

En este ambicioso anteproyecto que prepara el ejecutivo balear, también se incluyen restricciones a las toallitas húmedas, que ya han ocasionado graves problemas de contaminación y saturación en el alcantarillado público. El pasado mes de noviembre, la enorme cantidad de este producto que se arrojó a los inodoros de la zona ibicenca de Cala de Bou generó un tapó que terminó con las toallitas diseminadas por la costa y el mar. Desde la Consejería de Medio Ambiente reconocen que la prohibición total de las toallitas vulneraría la libertad de mercado, por lo que pretenden obligar a los productores a que indiquen claramente "cuál debe ser su gestión final".

Los mecheros no recargables, las maquinillas de afeitar de un solo uso y los tóneres de impresoras que no sean reutilizables también estarán vetados en el archipiélago. Igual que las bolsas de plástico que la gran mayoría de establecimientos comerciales ofrecen para guardar la fruta y la verdura y que tendrán que ser de celulosa en 2020. Para garantizar el cumplimiento de todos estos preceptos, el texto incluye un abanico de sanciones que van desde los 300 euros por una infracción muy leve a 1,7 millones de euros en el caso de las muy graves.

Algunos preceptos postulados en esta  futura normativa son pioneros en España pero ya han sido impulsados en otras partes de Europa. Francia ha planteado la prohibición de las vajillas de plástico para dentro de dos años y en Reino Unido algunas grandes superficies se han comprometido a dejar de distribuir los bastoncillos de plástico a la espera de una normativa que los vete.

Está previsto que el anteproyecto de ley está en período exposición pública durante un mes y luego se abrirá el período de alegaciones. Posteriormente, tendrá que ser sometido al Consejo de Gobierno que dará luz verde para remitirlo al Parlamento Autonómico. El debate y su posterior aprobación llegarán justo después del verano. Tras un periodo de adaptación de un año, las restricciones entrarían en vigor en 2020.