Burgos luchará contra las escombreras creando 12 centros de gestión de residuos
Suprimir las escombreras, medio millar según el censo provincial, es el objetivo del plan de gestión de residuos de construcción y demolición diseñado por la Diputación de Burgos. Se trata de concienciar a la sociedad, en concreto, a particulares y promotores de obras menores, de que los escombros no se pueden verter fuera de lugares habilitados. De ahí que este “ambicioso” proyecto contemple la construcción de doce centros de transferencia, además de la instalación de contenedores municipales a lo largo y ancho de la provincia.
Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro cuentan ya con sus propias plantas de tratamiento, que recepciona residuos de construcción y demolición de obras menores, así como efectos voluminosos (muebles, electrodomésticos…). La intención de la Diputación con este plan provincial es instalar otros doce centros de estas características en otros tantos municipios, a ser posible cabeceras de comarca o puntos en los que se encuentren polígonos industriales próximos, ha explicado el presidente, César Rico.
Cada planta de tratamiento tendrá un coste de 450.000 euros, que será asumido por la Diputación a través del Consorcio Provincial de Residuos, con una inversión total de cinco millones de euros. Y la implantación del plan será paulatina, entre 2018 y 2022, comenzando con sendos proyectos piloto en Villadiego y Salas de los Infantes, ha avanzado Rico. A partir de ahí se irán incorporando los centros a razón de cuatro en 2019 y 2020 y cinco en 2021, de tal modo que el plan estaría en marcha en 2022.
Compromiso municipal
Además, el Consorcio Provincial de Residuos animará a los ayuntamientos a que destinen 2.300 euros para la adquisición de sus propios contenedores de residuos, una iniciativa que podría abrirse también a las pedanías, ha reconocido el presidente. De este modo, los vecinos echarían sus escombros en esos contenedores y, de ahí, el material se remitirá a un centro de transferencia, y pasaría a gestionarse y tratarse por parte de empresas especializadas. El principio del fin de las escombreras públicas.
César Rico cree que “van a tener suficiente capacidad de convicción”, puesto que los ayuntamientos son los primeros interesados en acabar con estas escombreras, que representan un problema sanitario y medioambiental. De hecho, el presidente ha recordado que la Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, acometerá en breve un proyecto para tapar las alrededor de 500 escombreras inventariadas en la provincia, a través de un convenio de colaboración que está a punto de firmarse.