La negociación para frenar la nueva amenaza de huelga de los trabajadores queda por segunda vez en un callejón sin salida. La junta directiva del consorcio para la gestión de los residuos de la provincia de León (Gersul) aprobó a primera hora del pasado 7 de diciembre una revisión del canon concesional de 2.432 millones de euros desde 2013 hasta 2021. En esta cantidad, como refrendaron los rectores del organismo, caben los 1,8 millones de euros de los atrasos a los trabajadores, pero quedan muy lejos de los 5,2 millones de euros que reclama la UTE concesionaria, formada por Urbaser y FCC.

La diferencia enroca de nuevo la discusión entre Gersul, comandada por la Diputación Provincial, y las empresas gestoras del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega y las plantas de transferencia. Pero en la pugna se sitúan de nuevo los trabajadores como munición explosiva. Están citados ante el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) para abordar la reclamación de sus atrasos, que se cifran en total en un 10% de incremento por desde 2012, pero si la concesionaria no accede a desbloquear el pago a los cerca de 170 operarios de plantilla la única solución vuelve a ser la huelga.

La misma convocatoria que se abortó a finales de septiembre y que pretendía bloquear la recogida de la basura de toda la provincia en San Froilán se reaviva ahora para Navidad. Salvo cambio de última hora en la mediación, el comité de empresa parte con la intención firme de registrar la huelga indefinida a partir del 19 de diciembre, después de que no se haya cumplido la promesa de las partes de que cobrarían el dinero adeudado. La suma se ajusta a las mismas subidas que han tenido los trabajadores públicos durante todo este tiempo, como insisten los operarios de Gersul, pero la acumulación de los atrasos hace que alcance una factura de 1,8 millones de euros.

Por encima de esta cantidad, las empresas presentan una cuenta pendiente total de 5,2 millones. En esta cifra incluyen el total de la subida salarial, mientras que desde Gersul defiende que en el acuerdo concesional se fija que en estos incrementos el consorcio sólo debe asumir el 47%, mientras que el 53% restante debe ponerlo la UTE.

No es la única disputa. La concesionaria insiste en que la aplicación de la fórmula polinómica para la actualización de los precios por tonelada dentro del contrato les deben reportar mayores ganancias. Pero no cuadran con las estimaciones de los técnicos del consorcio, que insisten en que superar los 2.432 millones de euros estaría fuera de la legalidad.

[Esta noticia fue publicada originalmente en Diario de León. Lee el original aquí]