El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha denunciado la existencia de 21 expedientes sancionadores abiertos por incumplimientos de contrato a la empresa ASCAN-Geaser, encargada del servicio de limpieza viaria y de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de la ciudad.

En concreto, estos expedientes "vivos" de carácter penalizador han sido emitidos por la responsable del contrato, la jefa del servicio de Medio Ambiente. En cinco de ellos ya se han desestimado las alegaciones presentadas por la contrata. La relación de expedientes de penalización iniciados versan, desde el incumplimiento de las condiciones del contrato respecto al mantenimiento del parque de papeleras o de los contenedores asociados a varias rutas, hasta la capacidad de vertido de los mismos asociados a las rutas 1-15 del servicio.

El grupo regionalista requirió dicha información tras conocer la relación de los expedientes abiertos y en tramitación a la empresa concesionaria de limpieza viaria y basuras, ante el "deficiente servicio manifiesto en los altos niveles de suciedad y abandono en las calles de la ciudad. Santander cada vez está más sucia y la recogida de basuras se está prestando cada vez en peores condiciones. Si en un principio hablamos de las calles Castilla-Hermida, de los problemas de suciedad los fines de semana en la zona de Pombo y Cañadio, de la recogida neumática en la calle Alta, ahora no solo la suciedad está afectando al Santander de los barrios, sino también el Santander de postal, al de la primera línea", ha denunciado Fuentes-Pila.

El concejal ha criticado la "permisividad" del equipo de Gobierno ante los "constantes incumplimientos" de un servicio que cuenta con 17 millones y medio de euros de presupuesto anual. A ello se suma la existencia la Fundación Leonardo Torres Quevedo, contratada por el Ayuntamiento para realizar el control externo de la calidad de este servicio y velar por que así sea. "Desde 2017 que se adjudicó este servicio, a razón de 112.473 euros anuales, lejos de unos resultados óptimos, el servicio cada vez es más penoso, por lo que dudamos de la labor que lleva a cabo dicha fundación", ha dicho el concejal.

Para los regionalistas el Ayuntamiento "no puede ni debe eludir" la búsqueda de una salida a esta situación que no "puede dilatarse más en el tiempo". Fuentes-Pila ha sostenido que la "decisión política" de adjudicar el servicio en 2013 con un precio un 20% menor que el de la anterior concesión (159 millones de euros por 10 años, el actual) "ha afectado claramente al servicio y también a sus trabajadores", ha concluído Fuentes-Pila.