España se comprometió a reducir el desperdicio de alimentos a la mitad en 2030. Lo hizo cuando adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en septiembre de 2015. Pero no va por el buen camino. Los hogares españoles tiraron a la basura 1.339 millones de kilos/litros de comida y bebida en 2018, es un 8,9% más que el año anterior. Se rompe así la tendencia a la baja que se había producido en los dos ejercicios anteriores. La explicación del incremento está, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en las altas temperaturas que se registraron durante la primavera y el verano, pues fue en esos meses cuando se produjo la mayor subida de desperdicio (10,5%).

Según el argumento del ministerio, la subida de los termómetros provoca mayor desperdicio de alimentos. Y viceversa. Así lo ha alertado el último informe especial sobre cambio climático y tierra del IPCC, el panel internacional de expertos que asesoran a la ONU. La pérdida o derroche de alimentos (entre un 25 y un 30% del total que se produce en el mundo) es responsable de entre el 8 y el 10% de todas las emisiones de efecto invernadero que genera el ser humano, remarca el documento. Por eso, los expertos reclaman atajar también este problema para luchar contra la crisis climática, además de modificar la dieta y un cambio del modelo energético.

Para combatir el derroche de alimentos, España cuenta con la Estrategia nacional más alimento, menos desperdicio (2017-2020) que pone especial énfasis en la responsabilidad del consumidor. De hecho, este plan solo mide el despilfarro doméstico, no así el de los otros eslabones de la cadena agroalimentaria. Según los datos disponibles, en las casas la mayoría de la comida se tira sin haber pasado por la sartén. Un 84,2% de los productos que acaban en la basura va directamente de la nevera al cubo, sobre todo frutas, hortalizas y lácteos. El otro 15,8% acabó en el vertedero después de cocinado. Además de campañas de sensibilización, otras actuaciones que contempla esta segunda fase de la estrategia son generar más conocimiento sobre el problema, fomentar buenas prácticas en la cadena de producción y "establecer marcos estables de colaboración con ONG, bancos de alimentos, asociaciones de consumidores y otras entidades benéficas".

Colectivos organizados contra este problema reclaman que se dé un paso más y se apruebe una ley contra el desperdicio alimentario en todos los niveles de la cadena de producción y consumo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) comenzó una recogida de firmas con tal propósito en 2017. Casi 20.000 personas apoyaron su petición de una regulación que, en su opinión, tendría que contemplar medidas para que todos los agentes implicados en la producción, distribución y comercialización puedan donar los excedentes o descartes a bancos de alimentos, para alimentación animal o abonos, en ese orden. También prohibir prácticas que impliquen estropear los alimentos haciéndolos inservibles para su consumo, exigir fechas de consumo preferente y caducidad acordes a criterios de calidad y seguridad alimentaria, no en función de intereses económicos particulares, y fomentar la reutilización y el reciclado.

"Los partidos políticos se implicaron y el asunto se afrontó en el Congreso", celebran desde la OCU. El año pasado, el Senado español propuso crear un observatorio del desperdicio alimentario que reuniera a todos los actores involucrados en la cadena alimentaria. Sugirió también una serie de medidas para hacer frente al problema, desde campañas educativas al táper en los restaurantes, pero la iniciativa no ha arrancado. Entre 2016 y 2017 se presentaron diversas proposiciones no de ley para instar al Gobierno a tomar medidas contra el despilfarro. La última fue aprobada, pero no se ha materializado en una ley como la que piden organizaciones de la sociedad civil involucradas en el asunto. Y ninguno de los cuatro principales partidos mencionaba en sus programas electorales a las generales del pasado abril propuesta alguna contra este problema concreto.

La UE tampoco cuenta con una normativa específica que ataje el desperdicio de alimentos (ni con datos actualizados), más allá de comprometerse a cumplir con los objetivos de la ONU y exigir en la directiva sobre residuos que los Estados miembros establezcan “medidas específicas” e incentivos para luchar contra el despilfarro y compartan sus avances en este ámbito. Bruselas ha mostrado en repetidas ocasiones su preocupación por la gran cantidad de comestibles que se producen y no se consumen: 46,5 millones de toneladas al año solo en los hogares. Un documento del Consejo de la UE de 2016 destacaba que la pérdida y desperdicio de comestibles acaparan una cuarta parte del agua usada con fines agrícolas, además de destruir biodiversidad y costar a la economía mundial unos 990.000 millones de dólares al año. Por otro lado, concluía que disminuir el derroche reduciría “la presión sobre el clima, el agua y la tierra” y tendría un impacto positivo en términos económicos y de seguridad alimentaria.