El Consell plantea aprobar su plan de envases próximamente
El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, considera que la Generalitat ya ha negociado bastante con las empresas y los consumidores respecto al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que quiere establecer la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
El número dos de la consellera Elena Cebrián y dirigente de Els Verds entiende que ya se han incluido suficientes propuestas que rebajan el alcance inicial del proyecto y que pasaba por obligar a la hostelería, a los comercios y a los supermercados e hipermercados a contar con máquinas de recogida y almacenamiento de envases de plástico en sus instalaciones, a los que tendrían que acudir los consumidores para recuperar el precio extra que se les cobraría por los productos que fueran en este tipo de envases.
«Se ha renunciado a los bares y restaurantes y sólo tendrán que instalarlo los centros comerciales que tengan aparcamiento. Creo que ya es suficiente rebaja», señaló Álvaro tras el desayuno informativo organizado este miércoles por el Forum Europa Tribuna Mediterránea en el que participó la titular de su conselleria.
La voluntad del secretario autonómica es que el proyecto de ley vaya al pleno del Consell antes del verano, lo que limita las opciones a los que se celebran en el mes de julio, para iniciar a continuación la tramitación parlamentaria. De hecho, la falta de acuerdo en la negociación del plan dilató el proceso y hace que la tramitación en Les Corts se pueda ir hasta finales del año 2018, a unos meses del fin de la legislatura, prevista para mayo de 2019.
Álvaro apoya esta decisión de dar un golpe en la mesa en el hecho de que es la conselleria la que tiene que hacer sus políticas y no permitir que las fijen otros, como pueden ser las grandes superficies. En ese sentido, poco efecto abría tenido la propuesta realizada por los empresarios el pasado mes de mayo y que planteaba una «propuesta de solución global» para mejorar el reciclaje de todos los envases, sin mención alguna al sistema de retorno (SDDR) que se plantea para los de bebida, apenas el 9% del contenedor amarillo.
Tanto la conselleria como los empresarios dieron entonces por consensuado el diagnóstico de que conviene mejorar el reciclaje, aunque no concretaron cómo hacerlo ni cuándo llegaría la respuesta del Consell sobre la batería de medidas con las que la patronal pretendía evitar el sistema de retorno que impulsa Julià Álvaro.
Tras los desencuentros iniciales y el sonado enfrentamiento con el empresariado que obligó al presidente Ximo Puig a intervenir para calmar los ánimos, la consellera llegó a desautorizar a Álvaro al descartar en su día la imposición del SDDR y la promesa de crear el grupo de trabajo para huir de cualquier paso en falso que pudiera dar al traste con el consenso al que se apelaba insistentemente desde el Consell.
La polémica ha rodeado al proyecto de Álvaro desde que fuera anunciado. De hecho, cuarenta y siete organizaciones empresariales acordaron un manifiesto el pasado mes de noviembre en contra de la implantación en la Comunitat del sistema. Aunque la mayoría eran territoriales y sectoriales valencianas, también se unieron de otras regiones como Galicia, Baleares, Canarias, Castilla y León, Murcia, La Rioja, Cantabria, Aragón, Andalucía o País Vasco. En el documento advertían que complicará la gestión y los costes para empresas y consumidores, lo que lastrará la competitividad de las empresas y encarecerá los productos.
Entre sus críticas al SDDR apuntaban que «afecta a la unidad de mercado y complicará la gestión de las empresas al coexistir con el reciclaje aplicado en el resto del territorio español», además de incrementar los costes de producción «por la complejidad logística y de distribución, la diferenciación del etiquetado y la posible tasa administrativa».
