El Gobierno balear tramita 62 expedientes sancionadores sobre tratamiento de residuos en el primer semestre del año
La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, ha impuesto 346.303 euros en sanciones en el 2018 relacionadas con el tratamiento y vertido de residuos. Es la suma de las multas de 62 expedientes tramitados los primeros seis meses del año. Según han informado desde el Govern, el motivo principal de estas sanciones son los vertidos de residuos, la falta de autorizaciones de gestión de residuos, la gestión incorrecta de residuos y las quemas de residuos no autorizadas.
Desde el 2016 se han impulsado los expedientes sancionadores de residuos y se han abierto un total de 239 expedientes que suman más de un millón de euros en sanciones. En 2016 se tramitaron 69 expedientes con sanciones que sumaban 212.903 euros y en el año 2017 los expedientes fueron 108 por un importe de 474.615 euros en sanciones.
En cuanto a las denuncias durante los primeros seis meses de 2018 han entrado en el servicio de residuos un total de 186 denuncias por parte del Seprona, Agentes del Medio Ambiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y otras administraciones. En relación al 2017, entraron un total de 231 denuncias. De esta cifra, un total de 191 denuncias ya están en curso: 98 están en trámite de diligencias previas; 34 ya se encuentran en fase de expediente sancionador y 51 han sido remitidas a otros organismos para su tramitación. Por otra parte, 40 están pendientes de actuación y ocho han sido archivadas.
Las sanciones impuestas van desde 300 euros por infracciones leves (como es el caso de quemas de residuos), hasta 20.000 euros por infracciones graves (como es el caso de no tener las correspondientes autorizaciones de gestor de residuos) hasta 150.000 euros por infracciones muy graves.
Algunas de las medidas más destacadas de los expedientes de estos últimos dos años relacionados con actividades de residuos sin autorización o incumplimiento de condiciones de la autoridad competente son el cierre a dos centros autorizados de tratamiento (CAT) de vehículos fuera de uso por no disponer de las correspondientes autorizaciones y un gestor de residuos por no disponer de autorización.