El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está trabajando con las comunidades autónomas, que ostentan la competencia en materia de residuos, para incorporar toda la información y datos relativos a esta materia en un único registro compartido, según han informado fuentes ministeriales. En la actualidad, el Ministerio recoge la información que las comunidades autónomas le trasladan sobre sus residuos y vertederos, pero la dificultad reside en que, por un lado, no todas las administraciones autonómicas recogen los datos con la misma metodología y profusión y, por otro, no existe legalmente la obligación de remitir al Gobierno estos datos.

De acuerdo con la Directiva Europea de Residuos, los vertederos que albergan residuos no peligrosos tienen permitido (por una excepción normativa) en algunos casos y en determinadas condiciones, depositar algunos residuos que sí son peligrosos. Este sería el caso del amianto, en su mayoría procedente de residuos de la construcción y la demolición. En todo caso, estos residuos de amianto, peligrosos para la salud y el medio ambiente, deben estar confinados en una celda estanco diferenciada del resto de basuras.

Al respecto del accidente acaecido hace una semana a consecuencia del derrumbe en el vertedero de Zaldívar (Vizcaya), la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, calificó hace unos días de "dramática" la situación de los dos trabajadores que están desaparecidos desde hace más de una semana aunque recordó que la competencia en materia de residuos es autonómica. "Estamos en contacto con el Gobierno vasco y a disposición en lo que podamos ayudar", señaló no obstante durante su asistencia a los Premios del Club Español de la Energía. 

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la economía española generó 131,1 millones de toneladas de residuos en 2017, un 2,3% más que en el año anterior. De esa cifra, la mayor parte (57,9%) llegó de la industria (31,12%) y la construcción (26,75%), y en un 53,9% de los casos fueron a parar a vertederos, frente a un 38,9% que se recicló, según las cuentas ambientales del Instituto Nacional de Estadística. De todos estos residuos se hacen cargo de la basura procedente de los hogares y del sector servicios (comercios, oficinas e instituciones públicas o privadas), pero no de los residuos comerciales gestionados por canales privados distintos al municipal, ni residuos procedentes de la industria. La responsabilidad de tratar estos últimos residuos es de las empresas que los generan, bien directamente o bien contratando a otra compañía dedicada al tratamiento de residuos, como es el caso de Verter Recycling 2002 SL, la empresa propietaria del vertedero que se ha derrumbado en Zaldibar (Vizcaya).

Asimismo, en 2017, los municipios gestionaron 22 millones de toneladas de basura de los 131,1 generados por la economía, según la última Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos de Competencia Municipal publicada por el Ministerio de Transición Ecológica y correspondiente al año 2017. De esas 22.017.865 de toneladas de basura con competencia municipal, el 51,16% fue a parar a vertederos distribuidos por todo el país, bien a consecuencia de haber sido rechazados por plantas de tratamiento al no ser posible su reciclado o por vertidos directos.

En los últimos años ha aumento el porcentaje de basura que se recicla, de 29,79% en 2015 a 36,11% en 2017, pero el porcentaje de basura que se vierte sigue siendo más de la mitad de todos los residuos. Este porcentaje varía de una comunidad a otra. Asturias, Aragón, Canarias y Andalucía son las comunidades con un mayor porcentaje de residuos que acaban en vertederos. De los algo más de 12,2 millones de toneladas de residuos vertidos en los 116 vertederos activos en 2017, unas 7,5 millones de toneladas son rechazos procedentes de otras plantas de tratamiento de residuos.