La futura ley de residuos fijará medidas y obligará a los ayuntamientos a hacer cumplir el pago de una tasa calculada en función de la generación de basura.

La regulación de la práctica del alquiler vacacional en Baleares va más allá de la norma que prepara el Govern para controlar las condiciones en que son alquiladas estas viviendas o las zonas en las que se produce esta actividad. Hay otros aspectos asociados al aumento del número de turistas que implica esta fórmula, que son los relacionados con el consumo de territorio y de recursos. 

Esta semana se ha cerrado el plazo de participación ciudadana en el borrador de la ley que prepara el Ejecutivo autonómico para regular y gestionar la producción de residuos. Qué hacer con las basuras es una pregunta urgente, sobre todo si se tiene en cuenta una cifra, que también hemos conocido esta semana; aunque durante los años más duros de la crisis económica bajó el volumen de residuos generados en Baleares, después, en 2015 y 2015, volvió a repuntar, principalmente por el incremento del número de visitantes.

Desde el Govern ya han adelantado que van a pedir la implicación de los propietarios de viviendas de alquiler turístico para que hagan cumplir a sus inquilinos con la ley de residuos.

La ley fijará medidas al respecto y también obligará a los ayuntamientos a hacer cumplir el pago de una tasa calculada en función de la basura generada por la vivienda.

Superados los años centrales de la crisis se volvió a generar un 10% más de basuras en las Islas, un incremento atribuible al aumento del turísmo y de la población empadronada. La mayor parte de estos residuos, un 75%, se producen en Mallorca.

Todavía no se disponen de los datos actuales, pero desde la Conselleria de Medio Ambiente alertan de que se trata de un crecimiento exponencial y con puntas muy intensas en plena temporada alta, lo que exige unas infraestructuras de tratamiento de residuos que solo operan a pleno rendimiento un par de meses al año.

La meta es ir introduciendo y consolidando el reciclaje y la reutilización, sobre todo porque el incumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea exponen a las administraciones al pago de sanciones. Por ejemplo, en 2020 deberá reciclarse un 50% de la basura que puede actualmente separarse en la recogida selectiva, esto es, papel, envases, vidrio y materia orgánica. En la actualidad solo ese porcentaje es solo de un 14%. En 2006 era de apenas un 10%, así que la cifra sube, pero lo hace lentamente.

Por ese motivo el Govern es partidario de implantar un canon para sancionar a quienes produzcan más residuos. Un impuesto que podría contemplar la futura ley en trámite. Según las previsiones, esta ley de Residuos se aprobará a finales de este año.