El juez ordena la suspensión cautelar del cierre de una planta de RCD en Asturias
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Seis ha ordenado la suspensión cautelar del cierre de la planta de valorización de hormigones y de residuos procedentes de la demolición de estructuras que La Belonga Impulso Industrial puso en marcha en 2011 en la cantera de El Llagú.
Hace apenas unas semanas la concejalía de Urbanismo ordenó el precintaje de la planta. Decía la orden municipal que la licencia para la legalización de la instalación quedaba denegada y que las obras ejecutadas estaban fuera de ordenamiento por lo que ordenaba el cese inmediato de la actividad y el desmantelamiento de la planta y el módulo de oficinas.
En su auto, el juez argumenta que el cierre y desmantelamiento de la planta de reciclado y valorización obligaría a la empresa a deshacerse de todos los acopios de materiales en tan solo diez días lo que generaría gravosas pérdidas económicas. Es más, tendría la empresa que incoar con carácter inmediato un expediente de regulación de empleo para extinguir los contratos laborales de los trabajadores de la planta y «muy probablemente», destaca el auto, terminaría en un concurso de acreedores. Todos esos costes, prosigue el juez, podrían recaer en el erario público en caso de que el proceso judicial iniciado por la empresa contra la decisión municipal fuera favorable a las pretensiones de la sociedad.
«Los perjuicios serían de tremendas consecuencias, funestas, además de lentos y costosos por lo que habría que ponderar, con la debida cautela, acordar la medida de suspensión para evitar males mayores», argumenta el auto, que incluye un argumento más con algo de tirón de orejas al Ayuntamiento. Dice el juez que ya en enero de 2012 se dictó un informe técnico desfavorable a la apertura de la planta y «no ha sido hasta el año 2017 cuando se ordena el cese de la actividad y la retirada de acopios de materiales y productos de la actividad. De ello se desprende que no cabe hablar de perturbación grave a los intereses generales o a los vecinos, a la vista de la tardanza». Por todo lo expuesto, y sin entrar en el fondo del asunto, el juez ha ordenado la suspensión cautelar del cierre de la planta que, según el Ayuntamiento, funciona sin licencia.
Fue en febrero de 2011 cuando La Belonga Impulso Industrial Alternativo formuló una solicitud para instalar esa nave de reciclaje de hormigones. Los informes técnicos, que llegaron al año siguiente, fueron desfavorables «porque la instalación incumple el Plan Especial de Industrias Extractivas». Se ubica, según los argumentos de Urbanismo, a menos de 250 metros de agrupaciones residenciales, como establece la ley y por ello, los informes fueron desfavorables. Se rechazó esa solicitud «por la proximidad al núcleo rural de Cellagú, situándose el área ocupada por la actividad a una distancia de 50 metros de la delimitación de núcleo rural». Las alegaciones ante las resoluciones por la instalación y el inicio de la actividad se sucedieron y la empresa entendió que las licencias estaban concedidas por silencio administrativo positivo. Cuenta también, según se refleja en el expediente, con una autorización de la Consejería de Industria y Medio Ambiente y argumenta en sus alegaciones que en el lugar donde se ubica la instalación «ya se venían realizando actividades industriales de fabricación y venta de hormigón desde 2006».