Las actividades de construcción y demolición generan cada año en la Unión Europea más de dos toneladas de residuos por habitante con un coste de gestión de 10 euros por tonelada, cifra que podría reducirse en unos 7.500 millones al año gracias al nuevo protocolo para el sector presentado ayer en Madrid.

El objetivo de este Protocolo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, detallado por la Comisión Europea (CE) durante una jornada específica desarrollada en su oficina de representación en España, pasa por reciclar y revalorizar un 70% del actual volumen de residuos antes de 2020.

Así lo ha explicado a Efe el representante de la dirección de Medio Ambiente de la CE, Gunther Wolff, quien ha argumentado que tendrá un doble beneficio pues “la UE ahorrará en el aspecto económico y, al reducir los vertidos, al mismo tiempo beneficiará al medioambiente”. Otra de sus metas es la separación de residuos, “como mínimo, los generados a partir de madera, áridos, metal, vidrio y yeso”.

Wolff ha indicado que ya son 16 los países europeos, España entre ellos, que han alcanzado la meta de una “economía circular” en este sentido, al incluir la demolición controlada y la reconstrucción con materiales creados a partir del reciclado, aunque la nueva normativa vendrá a reforzar esta tendencia.

La iniciativa de la CE pretende, además, mejorar la trazabilidad de los residuos peligrosos, que actualmente “deja mucho que desear” en gran parte del territorio europeo, “como se aprecia por ejemplo en el riesgo que supone para los trabajadores la manipulación de materiales como el amianto”, que provoca también “daño ambiental”.

Otras amenazas detectadas de este tipo son el plomo empleado en algunos tipos de pinturas y el bifenilo ploriclorado o PCB, un compuesto químico usado con normalidad hasta el decenio de los años 70 para transformadores eléctricos y juntas de las ventanas. Hoy, el PCB está considerado como un “contaminante orgánico persistente” que permanece en el medioambiente por largos períodos, con el agravante de que “puede ser perjudicial para la salud”.

El protocolo también plantea auditorías previas a las demoliciones, en las que “una pequeña inversión permite evitar imprevistos, así como facilitar la tarea de reciclado y revalorización de residuos”, ha apuntado Wolff.

A largo plazo, la perspectiva se centrará en el diseño de construcciones con materiales sostenibles que presenten mayor durabilidad y edificios que consuman menos energía y sean “más versátiles”. Para ello, “lo primero que debemos conseguir es un marco en el que gestionar los residuos, con el fin de que reciclarlos no sea más caro que llevarlos al vertedero”, ha insistido a Efe este experto, quien ha adelantado que “precisamente el gobierno español está estudiando encarecer la tasa de vertido y conseguir así que el reciclado resulte más competitivo”.

A ello se suma “el factor de la aceptación en el mercado”, ha añadido, para lo que “debemos trabajar y poner en valor la calidad de los productos reciclados, mostrar que cumplen con los estándares de calidad con un precio competitivo”