El sector del plástico, inquieto ante el nuevo impuesto que prepara el Gobierno, que considera discriminatorio
El sector del plástico en España ha trasladado su preocupación por el proceso abierto desde el Gobierno para estudiar un impuesto que grave exclusivamente a los envases plásticos de un solo uso, al considerar que pondría en riesgo a un sector que genera 255.000 empleos, así como a las exportaciones españolas. Según EsPlásticos, la plataforma que integra a los principales actores de la cadena de valor de los plásticos en el país (Anaip, PlasticsEurope, Cicloplast y Aimplas), este nuevo gravamen presenta "importantes puntos alarmantes" en cuento a su impacto sanitario, medioambiental y socioeconómico.
En concreto, manifiesta su preocupación por el carácter "discriminatorio" de la propuesta del Ministerio de Hacienda y, especialmente, por la falta de un estudio científico detallado previo sobre el impacto sanitario, medioambiental y económico de reducir el envasado plástico. La plataforma también considera que la reciente directiva europea de Plásticos de un Solo Uso (SUP) tampoco ha contado con un estudio de impacto, a diferencia de legislaciones similares que desarrollaron estudios de hasta dos años.
El sector representa el 2,7% del PIB español y genera 255.000 puestos de trabajo, incluyendo los indirectos, principalmente en la conocida como "España Vaciada". EsPlásticos defiende que estas empresas "llevan años realizando inversiones de economía circular y reciclabilidad, estando además sus envases gravados ya con un punto verde que costea su reciclado". El sector explica que sustituir todo el envasado plástico europeo requeriría al año el doble de energía, triplicando las emisiones de efecto invernadero (97,4 millones de toneladas frente a 36,6 millones) y multiplicaría casi por cuatro el consumo de recursos (66 millones de toneladas frente a 18,4 millones) para los mismos productos.
La plataforma considera que hay alternativas "más eficientes y seguras" como un impuesto nacional al vertedero, similar al de otros países europeos donde apenas hay vertido de residuos. Se trata de un impuesto que recomienda la Comisión Europea como medida para penalizar el depósito en basurero de residuos reciclables, de todo tipo de materiales.