El Seprona de la Guardia Civil de León registró el año pasado 3.094 denuncias por infracciones contra el patrimonio, animales de compañía, caza, residuos y vertidos, sanidad vegetal, medicamentos o sanidad animal. La mayoría de las denuncias, 888 en total, se produjo contra la normativa de residuos o vertidos, mientras que el maltrato animal concentró más de medio millar de investigaciones.

El teniente Jefe del Seprona, Roberto Fernández, destaca que uno de los delitos más difíciles de perseguir es el que se refiere a la normativa sobre residuos, y ello a pesar de que en la provincia se han ‘sembrado’ desde el 2011 alrededor de un millón de toneladas de vertidos, con la detención de veinte personas. «En Castilla y León, fuimos los primeros en investigar penalmente este atentado contra el medio ambiente», destaca.

La Guardia Civil subraya la dificultad para cazar a los infractores. «Siempre lo hacen en zonas que están fuera del alcance del público», aseguran y explican que este tipo de infracciones las cometen empresarios dedicados a la gestión y transporte de residuos. «Su obligación es valorizar los materiales para reciclar lo reciclable y llevar el resto al lugar adecuado, pero separar cuesta, hay que pagarlo y si no se paga a la planta de reciclaje, todo es ganancia». Pone como ejemplo la gestión de los escombros del edificio del INNS en León, un concepto que se valoró en el presupuesto en 150.000 euros y que, sin embargo, nunca se realizó. «Los residuos aparecieron en Onzonilla», recuerda.

Una simple cuenta sirve para comprender la trascendencia económica que tiene envenenar el medio ambiente. Y es que cada contenedor que gestionan las empresas tiene capacidad para cuatro toneladas de escombro y residuos, con un coste de 60 euros. «Desde que pusimos en marcha las operaciones contra estos delitos, hemos logrado que se desarrolle desde la administración un control más exhaustivo en las plantas de transporte y gestión», asegura el teniente Roberto Fernández, que subraya que hay más inspecciones y se analiza de manera más concienzuda la trazabilidad: cuánto se recoge y cuánto se entrega. Además, a raíz de las investigaciones del Seprona, en León han surgido tres empresas de gestión de residuos. 

Los agentes del Seprona destacan que el problema que suscitan este tipo de infracciones es que los vertidos deben entrañar un grave riesgo para el medioambiente para que sean considerados un delito, un extremo que no suele ser fácil de demostrar «Tienen que provocar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, tener carácter peligroso (amianto, baterías, ácidos...) o ser cantidades sustanciales, a partir de diez toneladas. Asimismo, la gravedad se incrementa cuando los vertidos se producen en zonas de especial protección.