La Administración extremeña da un empujón al Plan Integrado de Residuos que obliga al sellado y la recuperación ambiental de vertederos ilegales de construcción abandonados antes de 2022. La semana pasada, en el Diario Oficial de Extremadura, se sacó a concurso los trabajos para actuar en ocho escombreras de la provincia de Badajoz. Hasta ahora la Junta se ha gastado 2,5 millones y le quedan otros 1,9 millones para hacer frente a actuaciones en otros 39 emplazamientos como poco para llegar casi al centenar que contempla ese plan.

La normativa contempla ya la gestión de los residuos procedentes de la construcción y demolición a través de gestores privados pero eso no impide una realidad: la existencia de vertederos ilegales de residuos. «Es uno de los mayores problemas ambientales de la región. La presencia de dichos vertidos hace de efecto sumidero para otros residuos no inertes, degradando espacios naturales sin ningún tipo de control ambiental ni sanitario», se indica en un informe de la Consejería de Medio Ambiente y Rural sobre el desarrollo del plan de residuos.

Los vertederos afectan «principalmente a la calidad de los suelos y a las aguas del entorno de los vertidos, así como a la calidad de los paisajes por el alto impacto visual de dichos espacios degradados», se concluye desde el departamento que dirige Begoña García Bernal.

Con cargo a fondos Feder, la Junta ha concretado una línea de actuación que se recoge en un convenio firmado con las dos diputaciones provinciales. En ese documento se recoge la detección y evaluación de zonas degradadas por esos vertidos y después proceder a su sellado y la recuperación ambiental de los terrenos.

El convenio estipula un orden de prioridad a la hora de actuar sobre escombreras. En primer lugar, se prioriza a las que el sellado se realice mediante actuaciones conjuntas con los ayuntamientos implicados «que doten de celeridad y eficacia la actuación».

En segundo lugar se valora que la escombrera esté en una zona declarada como área protegida. Y en tercer lugar, que por su proximidad a áreas urbanas pueda generar molestias a los ciudadanos. Otros criterios a la hora de intervenir son que se encuentra próximas a una masa forestal arbolada o a un cauce de arroyo o de río.

De momento, según la información suministrada por el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, solo se ha sellado un vertedero, el del municipio pacense de Campanario (comarca de La Serena).

El listado de actuaciones se reparte en 43 municipios de la provincia de Cáceres. En algunos, las obras ya están adjudicadas. Así ocurre en los vertederos ilegales ubicados en los municipios de Abertura, Alcántara, Alcollarín, Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Campo Lugar, Escurial, Garrovillas de Alconétar, Hinojal, Madrigalejo, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara, Miajadas, Monroy, Navas del Madroño, Piedras Albas, Santiago del Campo, Talaván, Villar del Rey, Villamesías y Zorita. CELESTINO J. VINAGRE