La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas para simplificar y racionalizar la legislación ambiental de la Unión Europea, con especial incidencia en la gestión de residuos, la economía circular y las emisiones industriales. La iniciativa busca reducir de forma significativa la carga administrativa para empresas y administraciones, sin rebajar los estándares ambientales, y facilitar la transición hacia una economía más limpia, circular y digital.

Según las estimaciones de la Comisión, las medidas permitirán un ahorro directo de alrededor de 1.000 millones de euros anuales para las empresas, elevando el ahorro total derivado de las iniciativas de simplificación ya adoptadas hasta casi 11.000 millones de euros al año. El objetivo global es alcanzar 37.500 millones de euros en reducción de costes administrativos antes de 2029, en línea con la Brújula de Competitividad de la UE.

Desde la perspectiva de los residuos, el paquete introduce cambios relevantes en la Directiva Marco de Residuos y en los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Uno de los elementos más destacados es la propuesta de derogar la base de datos SCIP, relativa a sustancias extremadamente preocupantes en productos, debido a su elevado coste y complejidad operativa. Sus funciones se integrarán en soluciones digitales más eficientes, como el Pasaporte Digital de Productos y el enfoque regulatorio “Una sustancia, una evaluación”, mejorando la trazabilidad sin duplicidades.

En paralelo, se plantea una simplificación de las obligaciones vinculadas a la RAP para productores europeos de baterías, envases, aparatos eléctricos y electrónicos, plásticos de un solo uso y otros flujos regulados. De forma transitoria, se suspende la obligación de designar representantes autorizados en cada Estado miembro, a la espera de una racionalización más profunda de estos sistemas en el marco de la futura Ley de Economía Circular, prevista para 2026.

El paquete también introduce ajustes en la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), otorgando mayor flexibilidad a las empresas en la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. Entre las medidas propuestas destacan la eliminación de los planes de transformación obligatorios, la ampliación de plazos para la elaboración de los SGA y la supresión de auditorías independientes obligatorias, sin comprometer los objetivos de control ambiental.

En el ámbito agrícola y acuícola, se prevé una reducción significativa de las obligaciones de información y una simplificación del alcance de las actividades reguladas, especialmente en explotaciones ecológicas, con el fin de evitar solapamientos normativos y reducir cargas administrativas innecesarias.

Otro eje clave del paquete es la simplificación de las evaluaciones ambientales para la concesión de permisos, mediante ventanillas únicas, digitalización de procedimientos y herramientas específicas de aceleración para proyectos estratégicos. Estas medidas buscan facilitar iniciativas vinculadas a la descarbonización, la eficiencia de recursos, la vivienda asequible y sectores clave para la autonomía estratégica de la UE.

Asimismo, se propone armonizar los requisitos técnicos de los datos geoespaciales de la Directiva INSPIRE con la normativa horizontal sobre datos públicos de alto valor, lo que facilitará el acceso a información ambiental y territorial relevante para la planificación, la gestión de residuos y la toma de decisiones técnicas.

La Comisión ha subrayado que este paquete ómnibus ambiental es solo una etapa dentro de un proceso más amplio de revisión y “pruebas de resistencia” de la legislación ambiental europea. Entre los próximos hitos destacan la publicación de guías para una aplicación armonizada del Reglamento de Envases y Residuos de Envases, la revisión de la Directiva Marco del Agua y de la Estrategia Marina, y el desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Hídrica.

La propuesta legislativa será ahora examinada por el Parlamento Europeo y el Consejo. De aprobarse, supondrá un cambio relevante en la forma de aplicar la normativa ambiental en la UE, orientado a mantener altos niveles de protección ambiental al tiempo que se eliminan barreras administrativas que dificultan la implantación efectiva de la economía circular y la correcta gestión de los residuos.