Casi 7.000 casas pertenecientes a un centenar de urbanizaciones y núcleos rurales de Llíria, vierten sus aguas fecales a fosas sépticas y pozos negros. Una sentencia del Tribunal Supremo obligará a sus propietarios a instalar depuradoras, bien individuales o colectivas, o alcantarillado para el tratamiento de los residuos fecales y el coste de la construcción de estas infraestructuras correrá por los propietarios de las viviendas.

Estos vecinos se autoinculparon en el 2008 por incumplir con las leyes en materia de vertidos de residuos, para que el Ayuntamiento de Llíria se hiciese cargo de la ejecución del alcantarillado. Tras la negativa del consistorio de sufragar las obras, los vecinos se asociaron en la Federación de Urbanizaciones Camp de Túria, para continuar su lucha judicial. Sin embargo el Tribunal Supremo le dio la razón al Ayuntamiento, por lo que además de tener que hacerse cargo de la adecuación del tratamiento de sus vertidos fecales, bien con la instalación de depuradoras o con la construcción del alcantarillado, los vecinos también tendrán que sufragar las costas judiciales.

La sentencia judicial de las urbanizaciones del Camp de Túria se ha extendido a los otros municipios. De las 39 urbanizaciones existentes en el entorno del Parc de Sant Vicent sólo siete cuentan con alcantarillado. Otros 47 núcleos poblacionales se ubican en suelo rústico, por tanto no urbanizable, pero están vertiendo a fosas sépticas. Y otras 27 áreas residenciales, en la carretera de Llíria a Casinos, carecen de redes de saneamiento. Y otras 27 áreas residenciales, en la carretera de Llíria a Casinos, carecen de redes de saneamiento. 

Esta situación alegal en que se encuentran miles de chalets de Llíria se repite en otros muchos municipios valencianos, por lo que la decisión del Supremo podría sentar jurisprudencia.