El 12 de diciembre, los legisladores de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político para actualizar el marco normativo aplicable a los vehículos, con el objetivo declarado de reforzar la circularidad del sector y reducir su impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida. El nuevo Reglamento sobre Requisitos de Circularidad en el Diseño de Vehículos y la Gestión de Vehículos al Final de su Vida Útil unifica la antigua Directiva de Vehículos al Final de su Vida Útil y la Directiva de Homologación de Tipo 3R, largamente consideradas obsoletas.

La Comisión Europea presentó esta iniciativa como una oportunidad para fortalecer el mercado único, mejorar la gestión de residuos del sector automovilístico y avanzar hacia una economía circular baja en carbono. Sin embargo, organizaciones ambientales como la European Environmental Bureau (EEB) y Deutsche Umwelthilfe (DUH) advierten de que el texto acordado no cumple las expectativas y supone un retroceso respecto a la ambición inicial.

El reglamento incorpora instrumentos que, en teoría, podrían contribuir a una mejor gestión de los residuos de vehículos. Entre ellos destacan la creación de un Pasaporte Vehicular Circular, la implantación de un sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a escala europea, requisitos mínimos de contenido reciclado y normas más estrictas sobre la reutilización de piezas, así como sobre la recogida y el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil.

No obstante, las organizaciones ecologistas señalan que estas herramientas se han visto debilitadas durante la negociación y no abordan los principales retos materiales y ambientales del sector. En particular, critican la ausencia de medidas para reducir el número y el tamaño de los vehículos, considerados uno de los factores clave del elevado consumo de recursos y generación de residuos.

Desde una perspectiva de jerarquía de residuos, el acuerdo mantiene un enfoque centrado en el reciclaje, relegando estrategias más eficaces desde el punto de vista ambiental, como la durabilidad, la reparabilidad y la reutilización. Según la EEB, esta orientación limita el potencial del reglamento para reducir la generación de residuos y la demanda de materias primas vírgenes, especialmente en un contexto de creciente presión sobre recursos críticos.

Otro de los puntos señalados como insuficientes es la responsabilidad de los productores respecto a los vehículos usados exportados fuera de la UE, una vía que, según las organizaciones ambientales, sigue permitiendo la salida de vehículos antiguos, contaminantes o no aptos para circular, con un impacto ambiental desplazado a terceros países.

Durante las negociaciones, los legisladores redujeron de forma significativa los objetivos obligatorios de contenido de plástico reciclado en los vehículos. El objetivo inicial del 25 % se rebajó al 15 % seis años después de la entrada en vigor del reglamento, posponiendo el umbral del 25 % hasta una década más tarde. Paralelamente, se diluyeron los requisitos de tratamiento obligatorio y se retrasaron disposiciones clave, incluidas las salvaguardias para evitar la exportación de vehículos al final de su vida útil en condiciones ambientales inadecuadas.

Para las organizaciones firmantes, estas decisiones reflejan una cesión a la presión de la industria automovilística y comprometen la capacidad del reglamento para impulsar una descarbonización y circularidad reales.

Desde la EEB se califica el acuerdo como un “ejemplo clásico de retroceso político”, al no orientar al sector hacia vehículos menos numerosos, más pequeños y más fácilmente reparables. DUH, por su parte, subraya que los débiles requisitos de responsabilidad del productor resultan especialmente preocupantes en un contexto en el que la propia Comisión Europea ha detectado prácticas anticompetitivas en el ámbito del reciclaje de vehículos.

Ambas organizaciones coinciden en que, para reducir de forma efectiva el impacto ambiental del automóvil a lo largo de todo su ciclo de vida, es imprescindible reforzar el ecodiseño, garantizar la reparabilidad y obligar a los fabricantes a invertir de manera suficiente en la reutilización y el reciclaje de alta calidad de los vehículos al final de su vida útil.

El acuerdo alcanzado deberá ser ahora aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo. Mientras tanto, el debate pone de relieve las dificultades de alinear la política industrial con los objetivos de prevención de residuos y economía circular que exige el marco ambiental europeo.