Las empresas de supermercados «están pidiendo que se limiten, al menos con una moratoria, las cargas fiscales relacionadas con la legislación medioambiental», apunta la responsable de medio ambiente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), María Martínez Herrera.

La solicitud se realiza en el contexto de la actual crisis multifuncional global, ante el temor de que la fiscalidad ambiental sea un factor añadido que ponga en peligro el trípode de la sostenibilidad: económica, social y medio ambiental.

Lo explica Martínez Herrera en una bitácora en la blogosfera de EFEverde de la Agencia EFE con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) que se celebra con el lema «Una sola Tierra». En su artículo «El delicado equilibrio de la triple sostenibilidad», esta responsable de ASEDAS, recuerda que Naciones Unidas señala que la sostenibilidad puede aplicarse a múltiples aspectos.

Abarca, agrega «desde la energía, los sistemas de protección de la biodiversidad, el comercio mundial o el transporte, pasando por cómo vivimos en nuestras ciudades, cómo y dónde se invierte nuestro dinero, nuestros sistemas alimentarios y hasta lo que hacemos para divertirnos”. En este contexto, el sector de la distribución alimentaria se perfila como uno de los esenciales de la sociedad y destaca cómo la labor en materia de sostenibilidad social de los supermercados se ha puesto de manifiesto durante la emergencia sanitaria de la covid-19.

Durante la misma, se ha comprobado hasta qué punto es esencial, en las circunstancias más difíciles, llevar alimentos variados, seguros, de calidad y a precios competitivos muy cerca de las casas de los consumidores. Pero además el concepto de “desierto alimentario”, que se da en otros países en los que la población tiene dificultades de acceso a alimentos frescos a precios razonables, es desconocido en España, destaca.

A ello se une la sostenibilidad ambiental, pues cuidar del medio ambiente es, «como bien dicen las Naciones Unidas, ser eficiente energéticamente (optimizando desde los sistemas de frío hasta las flotas de transporte) o tener la posibilidad de ir a pie a hacer la compra (el 90 % de los clientes de los supermercados españoles lo hace).

Según Martínez Herrera, las empresas de distribución alimentaria no van a renunciar a los objetivos medioambientales «con los que están fuertemente comprometidas» pese a las tensiones que les afectan como el incremento del precio de la energía, la escasez de materias primas o la presión fiscal, pero reclaman «algo de ayuda».

Las exigencias medioambientales que llegan tanto desde la legislación nacional como europea suponen un coste alto para las empresas y muchas de ellas vienen, además, acompañadas de cargas fiscales que lo multiplican, argumenta la responsable ambiental de ASEDAS.

[Esta noticia fue publicada originalmente en EFE VERDE. Lee el original aquí]