Esta propuesta legislativa, que presentó la Comisión Europea el pasado 23 de febrero, pretende establecer un marco horizontal para fomentar la contribución de las empresas que operan en el mercado único europeo al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en sus propias operaciones y, especialmente, a través de sus cadenas de valor, identificando, previniendo, mitigando y dando cuenta de los efectos adversos. No en vano, según los informes en los que se basa la propuesta, entre el 80% y el 90% de los daños medioambientales y vulneración de los derechos humanos de estas empresas se produce en las cadenas de valor exteriores, fuera de la jurisdicción comunitaria.

En consonancia con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el nuevo texto complementará la directiva sobre Divulgación de Información no Financiera aprobada el año pasado, que ya obliga a alrededor de 12.000 empresas a informar al regulador europeo sobre los riesgos, las repercusiones, las medidas y las políticas medioambientales, sociales y de derechos humanos de su actividad tras implementar un plan específico sobre estas materias.

La nueva diligencia debida va más allá, implicando a filiales, subcontratas y empresas no comunitarias que produzcan o presten un servicio en el territorio de la UE. En concreto, estarán obligadas a su cumplimiento las compañías europeas con más de 500 empleados y un volumen de negocios mundial neto superior a 150 millones euros en el último ejercicio financiero o bien más de 250 empleados y un volumen de negocio mundial neto superior a 40 millones si al menos el 50% de ese volumen de negocio se ha generado en los sectores considerados de riesgo medioambiental: textil, agrícola, ganadero, minero o relativo a las energías fósiles. En el caso de las empresas no comunitarias, también deberán cumplir la directiva las que operen en la UE con los mismos parámetros en volumen de negocio en el espacio comunitario.

Que los mecanismos de control que pueden realizar las autoridades europeas sobre las cadenas de producción y suministro fuera de sus fronteras sean limitados es el principal interrogante que despierta esta nueva ley, que apela a la buena fe de las empresas y a la colaboración de esos países que han basado su economía en los recursos y servicios que ofrecen al mercado europeo, valorando la madurez de todos los actores.

Por otra parte, que empresas subcontratadas deban también que cumplir la diligencia debida sin estar obligadas a ello por sus características puede apartar a muchas PYMES y pequeñas empresas de UTE y "joint ventures" en favor de otras grandes empresas o sus filiales, como adelantó el propio Vázquez. Cuestiones que deben perfilarse antes de que la directiva se tramite para su probación, seguramente durante la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre del 2023.

El corpus jurídico europeo en la materia al que deben responder las empresas se completa con el reglamento sobre Divulgación de Información en Materia de Finanzas Sostenibles, el reglamento sobre Taxonomía Verde y otras directivas y reglamentos de carácter más específico sobre minería, otros sectores contaminantes, ecosistemas donde se realiza una actividad económica, emisiones o gestión de residuos.