La ley de acompañamiento de los Presupuestos autonómicos del 2017, incluye una novedad en materia industrial: la liberalización del sector de la biomasa para energía después de ocho años regulado, tal y como han confirmado fuentes empresariales. La Administración autonómica derogará el decreto 149/2008 que imponía la necesidad de un concurso público -sin ninguna contraprestación por parte de los adjudicatarios- y, sobre todo, la imposibilidad de instalar plantas de más de 10 MW (megavatios).

La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser aprovechada para producir energía. En Galicia, los residuos forestales son una fuente importante para la generación de riqueza.

De un tiempo a esta parte, las empresas gallegas del sector vienen manifestando a la Administración gallega la necesidad de introducir cambios porque a estas restricciones se sumaba el fin de las primas a las renovables decidido por el exministro Soria, lo que había abocado a este sector a una parálisis absoluta. 

EL NUEVO ESCENARIO

Según las empresas, son varias las razones que han movido a la Xunta a derogar el decreto que había aprobado el bipartito ocho años antes; por un lado, la comunidad tiene por sí misma recursos suficientes para desarrollar de forma sostenible el sector de la biomasa para electricidad, pero además supondría aumentar cada año el número de familias que cortan madera y obtienen ingresos con la venta. Solo en el 2015, fueron unas 80.000. También se trata de una actividad que promueve la limpieza de los montes y, en consecuencia, previene los incendios forestales. Por último, crea empresas y empleo en zonas rurales azotadas por la despoblación y en las que se hace necesario fijar nuevos habitantes.

"Este nuevo escenario permite que cualquiera de las empresas adjudicatarias de los 200 megavatios que el Gobierno central puso a disposición de la subasta de retribución el pasado año puedan ser beneficiarias e impulsar desarrollos en Galicia", explican las fuentes consultadas.

Las empresas precisan que la Xunta se ha comprometido a garantizar un desarrollo ordenado de los recursos y a través de las autorizaciones administrativas exigirá capacidad técnica y económica a los proyectos, informes sectoriales, sostenibilidad del proyecto, compatibilidad de usos y, por último, puntos de evacuación. 

LAS SUSPICACIAS

En el ámbito forestal, por ejemplo, la biomasa siempre ha generado algunas reticencias, al entender algunas industrias que lo que se concibe como un residuo aprovechable para la combustión y la generación de energía es, en realidad, material perfectamente utilizable para el producto, como puede ser el tablero. De ahí que también se haya llamado a la cautela a la hora de conceder autorizaciones para este tipo de plantas.

Hace una década, la biomasa estaba llamada a jugar un papel en la generación de empleo y de riqueza que se ha quedado muy por debajo de las expectativas previstas. El fin de las ayudas a las renovables ha sido la puntilla definitiva.

Según los datos que maneja el sector, en Galicia, en la actualidad, hay una potencia instalada de 38 megavatios, lo que genera unos 600 puestos de trabajo, de los que 500 son empleos directos.
Para los próximos años, el objetivo es que Galicia cubra el 4% de las necesidades térmicas de su industria combinando los residuos autóctonos agrícolas y ganaderos con la biomasa forestal, de forma que pueda mejorar también la bioseguridad en la gestión de los residuos que origina la ganadería. Galicia se ha fijado como objetivo que hasta el 2020 se instalen 3.000 nuevas calderas de biomasa, lo que permitirá ahorrar 70 millones en la compra de combustibles fósiles, crear 1.000 nuevos puestos de trabajo en el ámbito de la biomasa y movilizar una inversión que rondará los 500 millones de euros.