La Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de Purines (ADAP) ha reclamado al Gobierno una moratoria en la aplicación a estas plantas de los nuevos parámetros retributivos incluidos en la reforma energética, ya que de forma contraria estas instalaciones se verían abocadas a la quiebra.

En un comunicado, la asociación reclama medidas "urgentes y sostenibles" que eviten el cierre tanto de instalaciones porcinas y como de la totalidad del sector de tratamiento de purines.

Entre ellas, aboga por una moratoria a la normativa actual "durante unos años" que permita "buscar soluciones debatidas por todas las partes y que redunden en beneficio del sector porcino, de los trabajadores, del medio ambiente y de la economía nacional".

ADAP lamenta que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no haya reaccionado ante sus advertencias acerca de la quiebra de las 29 plantas operativas de purines en caso de que se apruebe la nueva metodología de retribución en los términos actuales.

Mientras, el Ministerio de Agricultura "intenta buscar medidas provisionales alternativas al cierre, y sigue sin solucionar el problema de los ganaderos, que puede derivar en graves consecuencias medioambientales", asegura.

Las plantas de purines dicen sentirse "abandonadas a su suerte" tras constatar que, para Industria, el posible cierre de las instalaciones no es competencia de ese ministerio, "aunque su creación y legalización se hizo precisamente bajo una normativa específica" de ese departamento.

Mientras, Agricultura, "acuciado por las graves consecuencias para el futuro del sector porcino y para el medio ambiente que tendría el cierre de estas plantas", ha realizado un "intento desesperado por justificar el cierre de las mismas", al lanzar un estudio previo "sin contar con todas partes implicadas, basado en medidas ineficaces o parciales", señala.