El sábado 21 de febrero ha sido publicado en el BOE el Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que sustituye al anterior de 2005 y adapta la normativa española a la Directiva 2012/19/UE y a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 22/2011.

El nuevo Real Decreto de RAEE supone un paso adelante importante en un sector con tanto crecimiento y relevancia como es el de la gestión de residuos electrónicos. Son múltiples las novedades de esta nueva regulación como por ejemplo el incremento de los objetivos de recogida o la inclusión de la necesidad de alcanzar determinados porcentajes de preparación para la reutilización de ciertas categorías de RAEE.

Desde el sector del reciclaje y gestión de RAEE se hace un balance de dicho Real Decreto y sus puntos considerados positivos y negativos. Así, uno de ellos a destacar ha sido la disposición al diálogo con los diferentes grupos implicados en la gestión de RAEE por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Sin duda es fundamental poder contar con la opinión de los colectivos que, una vez aprobado este Real Decreto, van a tener que ponerlo en práctica.

Una de las novedades positivas en opinión de la FER es el reconocimiento de la labor de los gestores autorizados mediante la posibilidad de participar en la gestión de RAEE sin tener la obligación de adherirse a un Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAP). Así, este Real Decreto permite la contabilización de todos los flujos correctamente gestionados de RAEE independientemente de que provengan de un SRAP o no. 

Se reconoce además de forma explícita la capacidad del gestor autorizado de ser instalación de recogida de RAEE con lo que se regula y da carta de naturaleza a una realidad que venía llevándose a cabo desde el principio de la regulación de este tipo de residuos. Al mismo tiempo, se identifica también a las plataformas logísticas y a la distribución como instalaciones de recogida asegurando así la trazabilidad de los residuos recogidos a través de estas vías. Con este nuevo Real Decreto se establece la trazabilidad para la distribución desde el momento mismo de la venta mediante la identificación del productor en el Registro Integrado. 

Además se establecen unos criterios de autorización y procesos homogéneos en toda España y para todas las instalaciones lo que sin duda permitirá salvar algunas de las barreras territoriales que hasta ahora han existido. Se establecen, asimismo objetivos de recogida de RAEE por Comunidad Autónoma para evitar diferencias entre las mismas por sudispersión poblacional. 

En esta nueva normativa se da aun más importancia al cumplimiento de la jerarquía de gestión de residuos. De esta forma, como se ha mencionado anteriormente una de las principales novedades es el protagonismo de la prevención, y por ende, a la preparación para la reutilización de estos residuos regulando en qué categorías de equipos, en qué plazos y con qué porcentajes debe llevarse a cabo esta actividad. 

Se enfatiza el papel de las Administraciones Públicas a través de la comisión de coordinación y se integra en la misma al sector de la recuperación y el reciclado en el grupo de trabajo, una reclamación esta que hacía años venía pidiéndose.

En lo que compete a la gestión propia de los RAEE se considera al aparato como un todo con su legislación específica, sin que interfieran otras legislaciones como por ejemplo la de aceites usados. Aspecto este que había causado algunos problemas en años anteriores. 

Además se establece una correlación entre códigos LER y las fracciones de entrada y salida del proceso de tratamiento de los RAEE lo que permitirá una mayor y mejor trazabilidad del sistema.

No obstante también hay algunos aspectos de este Real Decreto que se ven como potencialmente problemáticos. Así, se aprecia una excesiva carga administrativa y un incremento desproporcionado de los requisitos exigidos. Esto, en algunos casos podría incluso hacer peligrar al actual sector autorizado y que actúa legalmente en beneficio, de los “operadores ilegales o no autorizados” que al incumplir sistemáticamente la legislación sin consecuencias graves no se ven sometidos a estas nuevas exigencias. 

En algunos casos el Real Decreto especifica con excesivo detalle cómo deben llevarse a cabo las cosas y cómo se deben tratar, y no tanto simplemente marcando los objetivos de recuperación y reciclaje que deben alcanzarse. Esto puede en algún caso frenar la innovación y avance con la inclusión de nuevos procesos de gestión que hoy en día aun no están desarrollados y, por lo tanto, no pueden estar recogidos en el texto de la norma. 

Algunas otras cuestiones también preocupan al sector reciclador, así mientras que las entidades locales se les otorga un plazo de 5 años para adaptarse a este nuevo Real Decreto y se le da un año a los SRAP, sólo se da 6 meses a los gestores de residuos, lo que obviamente en este último caso puede ser un plazo insuficiente dado el número de adaptaciones que este Real Decreto implica.

Además, en lo tocante a la información que se exige a los gestores, se incluye una discriminación para los de RAEE pues si bien cualquier gestor ha de presentar su memoria anual antes del 1 de marzo de cada año, en este Real Decreto se introduce que, en el caso de los gestores de RAEE deberán hacerlo antes del 31 de enero, lo que si tenemos en cuenta la carga administrativa de ese mes del año supone un agravio comparativo para este tipo de gestores. 

Finalmente el que haya que cargar en tiempo real los datos en la plataforma informática de recogida de datos, dada la gran cantidad de registros que los gestores deben cumplimentar resulta excesivo. En opinión de FER debería facilitarse una carga trimestral o a lo sumo mensual y, en todo caso instrumentando un sistema que permitiese el volcado masivo de datos desde las propias aplicaciones de los gestores.

El balance por tanto que hace la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje es positivo pues si bien la excesiva carga administrativa puede hacer muy compleja su aplicación.

Es una apuesta muy valiente este Real Decreto, que si no va acompañado de un control de la Administración sobre los operadores ilegales, no funcionará. 

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) es una asociación creada en 1982 con el fin de agrupar y defender los intereses de las empresas dedicadas al reciclaje de residuos en los distintos ámbitos económicos y sociales. FER cuenta con más de 260 socios, y gracias a las asociaciones regionales, autonómicas o relacionadas con el metal y otros tipos de residuos que han querido formar parte de la Federación, representa a más de 435 empresas gestoras de residuos y actúa en nombre del sector recuperador ante las 

Administraciones Públicas (MAGRAMA, Ministerio de Industria, etc.) y los sindicatos, así como ante otras asociaciones empresariales o sectoriales, ya sean autonómicas, nacionales o internacionales.

FER representa, entre otras, a más de 100 plantas dedicadas a la gestión de RAEE, desde empresas dedicadas a la preparación para la reutilización, la recogida y el almacenamiento hasta instalaciones de tratamiento de estos residuos y sus fracciones resultantes.

En el campo de los RAEE, FER representa a AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) en los grupos de trabajo de normalización de tratamiento de RAEE en CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica). También participa activamente con el MAGRAMA en la gestión de RAEE y en el proyecto europeo CWIT para luchar contra el comercio ilegal de RAEE.

La FER, es una organización sectorial de instalaciones que gestionan y reciclan bienes al final de su vida útil entre los que figuran los metales férricos y no férricos, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, neumáticos, vehículos, envases, palets, etc. Representa el 90% del volumen del sector de la recuperación de metales, así como el 60% de los recicladores de neumáticos. Dentro de FER se encuentran asimismo el 100% de la industria de trituración de metales de España. Todo el sector del reciclado en España genera más 30.000 puestos de trabajo directos y 105.000 indirectos.