En los últimos meses ha habido movimientos sociales contra el vertedero de Nerva, en Huelva, creado en 1995 por gobiernos autonómicos anteriores cerca del núcleo urbano. La empresa ha sellado ya el vaso número uno, que abarca un total de 6,1 hectáreas, un 21% de la superficie del vertedero. La Junta está tramitando la modificación de la autorización ambiental integrada que se hizo en la anterior legislatura, con un estudio que determine la densidad de los residuos, con el objetivo de que la empresa presente un nuevo proyecto y determine el ciclo de vida de la instalación para un procedimiento progresivo de cierre. La llegada de nuevos residuos, derrames sufridos durante el transporte y denuncias de ecologistas han puesto el foco en estas instalaciones. Recientemente ha trascendido la apertura de un expediente sancionador por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que puede acarrear multas de 1,68 millones a la empresa que opera el vertedero, DSM, por exceder la capacidad de varios vasos. DSM ha anunciado que recurrirá la sanción, a su juicio fundada en informes técnicos "carentes de todo rigor".

Otra instalación crítica en este sector es el cementerio nuclear del Cabril, en Córdoba. A finales del año pasado el Gobierno central anunció que se está valorando la opción de mantenerlo abierto más allá de 2035, con lo que podría llegar a duplicar el almacenamiento actual de residuos de baja y media intensidad. Desde la administración andaluza se ha criticado la opacidad del ejecutivo central en este asunto, y pide que se evalúen bien todos los detalles, como el efecto en el transporte de que todos los residuos de toda España vinieran a El Cabril, un enclave rodeado de espacios naturales protegidos.