La ciudad de Madrid ha lanzado una campaña de mano dura contra quienes ensucian las calles, tan dura que ahora puede salir muchísimo más caro arrojar desperdicios al suelo (2.001 euros) que conducir saltándose las normas de circulación (entre 100 y 1.000 euros). Una vecina de Aravaca, un barrio pudiente en el norte de la capital, recibió la semana pasada una multa por la primera de esas cuantías. Los inspectores municipales de residuos vieron sus datos personales en una de las típicas cajas de cartón que envuelven las compras online, (unos pañales de bebé) depositada sobre la acera junto a un contenedor de su calle. Es solo el principio de este giro municipal para atajar el malestar ciudadano con la suciedad, pero incluso los ecologistas piensan que las autoridades municipales se han pasado de frenada: “Nos parece bien que se persigan conductas incívicas, pero este caso es un exceso de celo”, dice un portavoz de Ecologistas en Acción, Daniel López.

El concejal delegado del área de Medio Ambiente en Madrid, Borja Carabante, anunció recientemente que quiere una ciudad más limpia y acabar entre otras cosas con las imágenes de cajas de cartón amontonadas junto a los contenedores, una escena cada vez más común como consecuencia del auge del comercio online. Muchas veces, los vecinos no se molestan en doblar los cartones para introducirlos en los cubos de basura, aunque en otras ocasiones, estos no tienen más remedio que dejar las cajas a los pies de los contenedores porque se encuentran llenos hasta los topes. En este nuevo empeño, Madrid cuenta con un equipo de 230 inspectores de residuos, que tendrán la tarea más fácil gracias a que hoy en día la basura suele llevar nuestro nombre.

La vecina tiene la posibilidad de recurrir la multa ante el Ayuntamiento. También tiene dos opciones para aliviar la sanción: una es pagar antes de 15 días para obtener una rebaja del 40%, que dejaría la cantidad a pagar en 1.200,6 euros. La otra es solicitar la sustitución de la sanción económica por un servicio a la comunidad, que en este caso consistiría en la limpieza de la vía pública. Sin embargo, un infractor reincidente no tendría posibilidad de librarse del castigo económico.

La multa se basa en una nueva ley estatal, la 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entró en vigor el 1 de julio. La norma, que busca castigar severamente a las empresas contaminantes del medio ambiente, también se aplica a conductas de particulares en el ámbito urbano. En concreto, sanciona específicamente el “littering”, el término inglés que usa el texto legal para referirse al abandono de basura dispersa en el suelo. Ensuciar la calle con residuos no peligrosos, como es el caso de la basura doméstica, es una conducta incluida en un largo listado de infracciones graves que son sancionadas con multas de entre 2.001 y 100.000 euros. Un portavoz del Ministerio de Transición Ecológica dice que la norma no precisa cuánta cantidad de basura es considerada punible y deja por tanto a las entidades locales de toda España un margen de interpretación a la hora de decidir cuándo sancionar. Agrega que hasta ahora no habían tenido noticia de multas en aplicación de la ley por este motivo.

El Ayuntamiento madrileño prepara una nueva ordenanza municipal que anunció la semana pasada el concejal Carabante y que en parte es desarrollo de esa ley. El anteproyecto de esa norma local contempla sanciones de entre 200 y 2.000 euros para el abandono de cartones. También prevé castigar severamente las pintadas (hasta 3.000 euros) y la basura de los botellones (hasta 2.000 euros). La nota de prensa que difundió el Ayuntamiento pone énfasis en la necesidad de luchar contra los nuevos modos de generación de residuos: “Otro hábito mal asentado en la ciudad de Madrid es el depósito de grandes cajas de cartón a los pies de los contenedores, Las multas son muy elevadas, pero el impacto estético puede ser notable de cara a las elecciones municipales, que se celebrarán dentro de ocho meses. Un análisis de EL PAÍS mostró el mes pasado que las quejas por la suciedad son la principal fuente de reclamaciones online en 108 de los 131 barrios de la capital.

Dos portavoces de Ecologistas en Acción que participaron en el trámite de alegaciones a la Ley 7/2022 dicen que la norma fue elaborada para luchar contra casos de contaminación medioambiental y en su mente no estaban temas estéticos como parece el caso de las cajas de cartón. “Creo que el espíritu de la ley no era ese. Pensábamos siempre en grandes productores de residuos como, por ejemplo, los vertidos de las macrogranjas o una empresa de construcción que no lleva los escombros a un punto limpio”, dice Carlos Arribas. Su compañero Daniel López opina que los Ayuntamientos deberían perseguir a los contaminantes poderosos en lugar de cebarse con los débiles: “En lugar de dar palos para acabar con la basura callejera, quizás serían más eficaces las campañas de sensibilidad”

[Esta noticia fue publicada originalmente en El País. Lee el original aquí]