Luis Palomino. Secretario general de ASEGRE.-

En la cultura popular existe una ley que, desgraciadamente, se aplica con demasiada frecuencia en nuestro país en el ámbito del medio ambiente y la gestión de los residuos industriales. Se trata de la famosa ley de Murphy que, a grandes rasgos, expone que cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar.

Esta 'ley' quedó demostrada a finales del pasado mes de agosto, cuando comenzó un pavoroso incendio en una planta de gestión de residuos peligrosos en la localidad de Chiloeches, que se encuentra a 10 kilómetros de Guadalajara y a 20 de Alcalá de Henares, zonas con una densidad de población muy alta. Apenas tres meses después de que ardieran 90.000 toneladas de neumáticos en el vertedero ilegal situado en el municipio de Seseña (Toledo), los españoles pudimos comprobar, con estupefacción, cómo ardía una instalación con 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Ley de Murphy en estado puro.

Estos incendios no son como los que habitualmente y desgraciadamente padecemos en verano en España en nuestros bosques. En el caso de Seseña, el incendio de su vertedero ilegal de neumáticos ha dejado importantes niveles de contaminantes en el aire y en el suelo, y sus habitantes han sido sometidos al riesgo de respirar sustancias tóxicas y cancerígenas contenidas en el humo durante los 20 días en que tardaron en extinguir las llamas. Prueba de la gravedad de este hecho fue que se tuvieron que suspender las clases en varios centros educativos de la zona porque los propios ciudadanos denunciaban los efectos del humo en su organismo.

El 'caso Chiloeches', pese a ser menos espectacular que el de Seseña y haber transcurrido en una época donde la mayoría de la población está de vacaciones, es de extrema gravedad. Por un lado, porque los residuos albergados allí eran residuos peligrosos, la mayoría muy nocivos para la salud y el medio ambiente.

Por otro lado, porque las investigaciones realizadas han demostrado que los gestores de esta planta mezclaban los residuos peligrosos con residuos procedentes de la construcción, para así acabar siendo depositados en vertederos de residuos que fueron diseñados para contener residuos inertes, como son los escombros. Esto ocasiona que los residuos peligrosos no se traten y se puedan filtrar en la tierra para acabar llegando a ríos y acuíferos. Además, no olvidemos que en este caso estamos hablando de una instalación ubicada junto al cauce de un arroyo del río Henares.

Desde la patronal de los residuos peligrosos habíamos denunciado las actividades de esta planta ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Este cuerpo especializado en medio ambiente realiza una gran labor y cuenta con todo nuestro apoyo y colaboración. Tienen todavía mucho trabajo para poder esclarecer si esta instalación realmente carecía de autorización ambiental para operar. ¿Cómo es posible que una planta que venía demostrando dichas prácticas de gestión y almacenando grandes cantidades de residuos peligrosos sin tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias siga funcionando como si nada?

Seguro que esta cuestión está en la cabeza de los inspectores y autoridades competentes estos días, mientras se cuantifican tanto los efectos medioambientales y para la salud como los costes de extinción de este incendio y la posterior descontaminación de suelos que habrá que realizar en la zona. Tenemos la certeza de que serán unas cuantías millonarias, al igual que ocurrió en Seseña. Unos millones que, de haberse destinado a mayor inspección y control, habrían evitado este desastre.

El caso de la planta de Chiloeches es uno de los ejemplos de malas prácticas en la gestión de residuos que venimos denunciando desde hace más de cinco años. Otros tristes ejemplos son hacer perder la trazabilidad de los residuos haciéndolos pasar por varios gestores en distintas regiones para, posteriormente, llevarlos a tratamientos no autorizados. Algunos de estos tratamientos no autorizados consisten en colar aguas residuales industriales en depuradoras de aguas urbanas o en vertederos sin la autorización necesaria para aceptar estos residuos o el viejo recurso de que una empresa acumule ilegalmente residuos en un lugar sin acondicionar. Posteriormente, cuando se le reclama su gestión, esta empresa desaparece, dejando ese problema ambiental al gobierno autonómico correspondiente para que la gestión de esos residuos privados se realice con dinero público. Esto último es lo que parece que va a ocurrir en Chiloeches.

El panorama desolador descrito en el párrafo anterior demuestra que delinquir en nuestro sector compensa económicamente porque el control es escaso y la cuantía de las multas no genera el efecto preventivo necesario, especialmente con las actividades ilegales. Este control está fraccionado en cada territorio autonómico. La trazabilidad de los residuos se realiza casi con tantas aplicaciones electrónicas como comunidades autónomas existen en el país. Por todo ello, sería importante que la comisión de coordinación en materia de residuos, creada por el Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente y donde se reúnen todas las comunidades autónomas, aborde este asunto con urgencia.

Resulta irónico que, justo ahora, la Comisión Europea esté revisando las mejores técnicas disponibles que aplican las instalaciones de tratamiento de residuos en toda Europa y los valores de emisión que podrán emitir. En nuestro caso, resulta duro ir a Bruselas a defender los intereses de todos esos gestores que actúan con rigor y garantizando que los residuos se tratan de la mejor forma posible con este escenario de desinterés político y social, que fomenta una intensa competencia desleal e ilegal.

De momento, todo el foco se pone en los gestores pero los productores de los residuos también tienen su parte de responsabilidad. El incendio de Chiloeches ha carbonizado un año de producción de residuos peligrosos de empresas identificables y conocidas y por eso se deben asignar responsabilidades a esas industrias. Por eso es necesario modificar la legislación de residuos. Al igual que en otros países de nuestro entorno, el productor también tiene que compartir la responsabilidad con el gestor y garantizar un correcto tratamiento de los residuos. Actualmente, algunas industrias adjudican el tratamiento de sus residuos a empresas gestoras que aceptan tarifas muy por debajo de los costes reales de un correcto tratamiento. Gestores como el de la planta de Chiloeches, los cuales, amparados en la escasa inspección por parte de la Administración y en la complejidad administrativa de las diferentes CCAA, tienen que incurrir en ilegalidades para que sus números cuadren. El resultado final es que la industria productora obtiene un menor coste en la gestión de sus residuos y ninguna responsabilidad, lo que puede ocasionar la repetición de casos como el de Chiloeches o Seseña.

Si a esa necesaria responsabilidad del productor le sumamos más medios para inspeccionar y controlar la gestión y una mayor coordinación entre las CCAA, tal vez podamos acercarnos a ese ambicioso cambio de paradigma que promueve la Unión Europea y que denomina “economía circular”, donde el ciclo de vida de los productos se extiende gracias a la reutilización y la refabricación de viejos productos

Tras este año de desastres ambientales causados por residuos, cabe preguntarse: ¿cuántos incendios más son necesarios?, ¿cuántos daños al medio ambiente y exposiciones a la población a estos riesgos tienen que darse para que los responsables políticos actúen?

Necesitamos con urgencia que haya una mayor voluntad para que las cuestiones medioambientales vuelvan a ser una prioridad y tengan reflejo en las políticas de residuos. Hay una oportunidad de reindustrializar Europa en torno al reciclaje y al uso sostenible de los recursos. A pesar de Murphy.