Un informe advierte del retraso generalizado de la UE al implementar la Economía Circular
En 2018, solo el 30% y el 17% de los residuos domésticos en la Unión Europea (UE) se reciclaron y compostaron, respectivamente, mientras que el 28% fue incinerado y el 24% enterrado en vertederos. Por eso, en un esfuerzo por mejorar el marco regulatorio y crear incentivos para hacer que la economía europea sea más circular, la UE adoptó un paquete legislativo en mayo de 2018 que preveía, entre otras cosas, reducir el vertido de residuos a la mínima expresión y promover la adopción de incentivos económicos para fomentar el reciclaje y la reutilización.
Estas nuevas leyes europeas daban un amplio margen temporal a los Estados miembros para transponerlas a sus normativas nacionales de la forma que mejor se adapte a su cultura jurídica y permitían modificaciones nacionales siempre que se mantuviera el espíritu y los objetivos de la UE. Sin embargo, la mayoría de los países del club comunitario, entre los que se encuentra España, aún no han adaptado esta estrategia de economía circular a su legislación, según pone de manifiesto un estudio realizado por la Oficina Europea de Medio Ambiente (EBB, por sus siglas en inglés), una organización europea que agrupa a los principales grupos ecologistas del continente [disponible en inglés aquí]
El retraso es especialmente grave porque el plazo para transponer la normativa europea finalizó el pasado mes de julio, aunque la UE aún no se ha pronunciado sobre las posibles consecuencias de este incumplimiento. Aún así, hay diferencias importantes entre países ya que el estudio, realizado en colaboración con los abogados ambientales de ClientEarth y Ecoteca, afirma que hasta el momento hay solo ocho países que han incluido la nueva estrategia de economía circular en sus normativas. Esto deja otros 19 que no lo han hecho, aunque la mayoría alegan que el motivo del retraso ha sido la crisis del coronavirus.
Eso sí, los más señalados por el EBB son Bulgaria, Croacia y Polonia, que aún no han iniciado siquiera el proceso de transposición. Otros países como Chipre, Estonia, Grecia, Italia, Lituania y Eslovenia también aparecen en una mala posición, ya que apenas han comenzado la trasposición, mientras que Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Hungría, Países Bajos, Portugal y España afirman tenerla bastante avanzada aunque aún no esté implementada. Un retraso mayoritario que preocupa a los expertos en residuos. “Ya deberíamos estar cosechando los beneficios de una economía circular, donde se evita el desperdicio y prosperan nuevos modelos de negocio dentro de los límites planetarios” advierte Piotr Barczak, responsable de políticas de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) y coautor del informe.
El informe del EBB dedica gran parte de su contenido a analizar país por país la transposición de las normativas europeas de economía circular, incluyendo a España. Y sus autores explican que, aunque España está realizando progresos importantes en materia de residuos, hay un retraso evidente en la implementación que podría haberse subsanado con una “mayor previsión”. De hecho, esta organización ya revelaba en su estudio Revisión de la Implementación Ambiental de España, publicado el año pasado, que el país corría el riesgo de incumplir los objetivos de reciclaje de la UE para 2020 con una tasa de reciclaje de tan solo el 18%,mientras que el 54% de los residuos acaban en vertederos y el 13% se incinera.
Según apunta el EBB, aunque ya hay directivas que han sido transpuestas, como la que regula el depósito de residuos en vertederos, y España ya se ha dotado de una Estrategia de Economía Circular que deberá orientar los esfuerzos en materia de reutilización y reciclaje para los próximos años, falta todavía la pieza clave: la Ley de Residuos. Este proyecto normativo, que supondrá un nuevo marco para las empresas recuperadoras, se encuentra actualmente bloqueado en el Congreso debido a la tramitación de los presupuestos generales, por lo que no se espera su aprobación hasta comienzos de 2021 como pronto.
En cualquier caso, el informe alaba los objetivos marcados por la Estrategia de Economía Circular, que considera “ambiciosos”, aunque advierte de que los retrasos legislativos presentan el riesgo de dificultar al Gobierno español el cumplimiento total de las metas marcadas. Entre otras medidas, esta Estrategia prevé, tomando 2010 como año de referencia, reducir el consumo nacional de materiales en un 30%, reducir la generación de residuos en un 15%, y reducir un 50% la generación de residuos alimentarios en toda la cadena alimentaria.
A pesar de este retraso generalizado, no todo son malas noticias, ya que algunos países han cumplido con creces lo previsto por Europa en su normativa de 2018. Francia por ejemplo ya está un paso por delante de la legislación sobre residuos de la UE, tras haber desarrollado en apenas un año una estrategia de economía circular y una ambiciosa ley contra los residuos, que incluyen responsabilidades ampliadas para todos los productores en materia de prevención y reutilización y una prohibición de la eliminación de productos por motivos económicos. También Irlanda, que acaba de lanzar un nuevo Plan de Acción sobre Residuos para una Economía Circular 2020-2025, aparece como modelo a seguir en el informe del EBB.
Los autores del estudio también alaban ciertas iniciativas regionales, como la Ley de Residuos de Navarra, que exige que las empresas del sector de la hostelería, el comercio minorista y la restauración sirvan el 80% de las cervezas, el 70% de los refrescos y el 40% del agua en envases reutilizables para 2028 o hace obligatorio que el 15% de los envases de bebidas que se venden en las tiendas puedan ser devueltos gracias a la técnica de la consigna. Sin embargo, tampoco hay mucho más espacio para el optimismo, sobre todo porque la pandemia de coronavirus nos ha enseñado que la transición hacia una economía circular es más necesaria que nunca. En sus conclusiones, los autores del informa apuntan que, para muchos Estados miembros, alcanzar los objetivos de residuos de 2020 es ya una tarea fallida y los objetivos posteriores a 2020 serán un desafío aún mayor.
Por la tanto, es imprescindible que los países más atrasados comiencen “cuanto antes” a adoptar de manera adecuada la legislación europea de residuos, seguida de “una aplicación a nivel nacional que se extienda en cascada al nivel regional y local”. Según los autores del estudio, “es evidente la necesidad de alejarse de la incineración y el vertido en vertederos, pero el enfoque real deberá estar en la prevención de residuos, siguiendo las mejores prácticas”.
[Esta noticia fue publicada originalmente en El Ágora. Lee el original aquí]