Todos estos materiales acumulados en solares de propiedad pública y privada, y que se encuentran diseminados en distintas zonas de Valencia, podrían llegar a rellenar un campo de fútbol con un metro de altura aproximadamente. Para la asociación, la proliferación de estos vertederos que eluden la legalidad es consecuencia directa de la mala praxis e intrusismo en el sector.

ARCI, que aglutina la totalidad de las empresas establecidas legalmente para tratar residuos de construcción e industriales de la provincia, aseguran que esta ilegalidad es llevaba a cabo, en la mayoría de los casos, por pequeñas empresas de reformas que generan estos residuos y que además, se incrementan durante el periodo estival.

No obstante, la ausencia de la aplicación y control del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) es otra de las razones que agravan su acumulación. Por tanto, existe un vacío legal ante la no aplicación de esta normativa que permite a estas empresas seguir apilando escombros.

Desde esta perspectiva, piden a las corporaciones legales que regulen y promuevan el uso de la legislación vigente, y que a través de inspecciones y multas ejemplificadoras, pongan en corto a quienes realizan este tipo de actuaciones irregulares y que perjudican gravemente la imagen de la capital.

El portavoz de la asociación, Vicente Ferrer, recuerda que las plantas legalizadas solo gestionan unas 215.000 toneladas de residuos de la construcción. "Esto supone un 20% de la producción que estimamos que genera el sector". Esta circunstancia les lleva a hablar de una "clandestina eliminación de los residuos" de nuevas edificaciones, demoliciones y reformas.