La empresa Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que había recurrido al Consell Jurídic Consultiu (CJC) por la decisión del Consistorio de excluirla del concurso para la limpieza y recogida de basuras, valorado en 1.325 millones de euros para los próximos 15 años y conocido como el «contrato del siglo», podrá presentarse. El dictamen del CJC forzará al Consistorio a abrir de nuevo el plazo, lo que ocurrirá en próximas fechas.

En mayo, el Ayuntamiento se comprometió a mantener los contratos de los trabajadores de la contrata si no eran elegidas. Ahora, tal como ha confirmado el concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, la SAV podrá volver a presentarse cuando se abra de nuevo el plazo. Y podrá hacerlo porque el Consistorio asumirá el dictamen del CJC, pese a no ser vinculante y ser "divergente" con lo que dicen la Asesoría Jurídica Municipal, la Secretaría Municipal y los servicios de Recogida de Residuos y Contratación.

El concurso estaba paralizado desde comienzos de mes tras la denuncia de SAV ante el CJC. Antes, el Tribunal de Recursos Contractuales había desestimado la alegación de la empresa, que argumentaba que había entregado fuera de plazo la documentación porque había preguntado dudas al Consistorio. "Ahora, el CJC nos dice que nos retrotraigamos a ese momento y por eso las empresas podrán presentar o modificar sus ofertas", ha explicado Campillo. El proceso se reabrirá en las próximas semanas.

Aunque el también vicealcalde ha explicado que en opinión del Ayuntamiento esa pregunta, y su correspondiente respuesta, no modifican las condiciones del contrato, van a acatar lo que dice el CJC por "seguridad jurídica y por prudencia". Campillo, además, ha confirmado que se van a mantener los pliegos, por lo que no se alargará el proceso más de la cuenta. "En cuanto tengamos clara la discrepancia que a criterio del CJC ponía de manifiesto esa respuesta volveremos a abrir el plazo para la presentación de ofertas y continuaremos con normalidad", ha dicho. "Vivimos en un estado de derecho y cada persona o empresa tiene derecho a defender sus razones ante las instancias que consideren", ha indicado Campillo, que ha adelantado que es una licitación "muy compleja": "Vemos muchos recursos ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que en este caso nos dio la razón".

Hasta el momento de paralización del proceso, se habían presentado cinco ofertas que se disputaban cuatro lotes. Los más importantes son los que corresponden a la zona norte y sur de Valencia, con el viejo cauce como frontera, mientras que el tercero se refiere al Marítimo y Quatre Carreres. El cuarto en liza es uno específico para la limpieza de pintadas, que se ha reservado para empresas de inserción laboral y donde sólo se ha recibido una propuesta.

Las propuestas que aspiran a estos lotes son FCC Medio Ambiente, Fomento Valencia Medioambiente, la UTE que forma Cespa y Urbaser, la unión de Valoriza y Tetma, y Compañía Especial de Empleo e Integración. Esta última es la única que quiere el encargo para la limpieza de pintadas, que ascenderá a un millón de euros al año. Entre las mejoras que se esperan de las empresas se encuentran los sistema de identificación de usuarios en algunos contenedores, así como un mayor gasto por habitante, hasta los 112 euros al año.

[Esta noticia fue publicada originalmente en Las Provincias. Lee el original aquí]